José René Orúe [email protected]
A partir del mes de abril de 1990 la economía nacional y la administración pública inician un proceso de transformaciones fundamentales, el gobierno “deja de hacer” en la actividad económica y “traslada esa actividad”, paulatinamente, al sector privado. Una situación similar se dio en algunos países de América Latina y de Europa del Este. Al evaluar esa transición de liberalización, privatización y desregulación de monopolios, expertos afirman que “la experiencia de desregulación de monopolios no ha conseguido los objetivos buscados de descenso de precios y mejora de la calidad o que los han obtenido de forma muy insuficiente”.
Si analizamos lo sucedido en los últimos doce años en Nicaragua, podemos afirmar que nuestro país no es la excepción, veamos lo siguiente: el servicio de transporte de pasajeros urbano e interurbano es pésimo; existen barreras de entrada infranqueables a inversionistas para el sector transporte; concesión del servicio telefonía celular de forma exclusiva por cuatro años; mal servicio de energía eléctrica y agua potable; monopolio en la TV por cable; maltrato a los usuarios del transporte aéreo, etc. Los ejemplos son muchos, y surge la pregunta: ¿Qué pasa en el país?
La respuesta es la siguiente: Para algunos sujetos económicos atrasados, “la tarea de liberalizar, significa quitar las trabas que pone el Estado al funcionamiento del mercado”. Olvidando que Adam Smith consideraba de importancia el papel del Estado en asuntos especiales para que la economía de mercado funcione, como la defensa de la propiedad o el cumplimiento de los contratos.
Considerando lo anterior, es necesario aclarar que la actividad de liberalizar significa quitar reglas o normas que se opongan a la introducción de la competencia. Liberalizar consiste en identificar las barreras u obstáculos al comercio, para suprimirlos y el objetivo de las políticas de liberalización consiste en que si el Gobierno suprime los obstáculos al comercio los consumidores tendrán mayores posibilidades para elegir su mejor opción y por otro lado, los empresarios concurran al mercado con libertad para aumentar la oferta. Es importante tomar en cuenta que el concepto de liberalización de la economía se confunde como sinónimo de privatización. Liberalización implica suprimir los obstáculos, en cambio privatización supone acabar con la intervención del Gobierno en la asignación de capital a determinadas empresas o instituciones.
Otro aspecto a destacar es el relacionado a los procesos de desregulación de monopolios, donde la actividad no consiste en suprimir la asignación de recursos monetarios, por el contrario, la decisión es compleja y se hace necesario la intervención del Gobierno para definir las estructuras rectoras adecuadas, de vigilancia y control para que se inicie dicho proceso. En los sectores monopolizados (energía eléctrica, teléfonos, agua potable, transporte de pasajeros, etc.) el gobierno debe intervenir drásticamente, ya que es usual que los sectores monopólicos pretenden detener o retrasar la suspensión de sus privilegios.
Se sostiene, acertadamente, que en los sectores monopolizados no se puede hablar de riesgo, en vista de que se tiene la certeza de que existe un monopolio y por tanto, si antes de liberalizar no se aplican instrumentos necesarios para desmontar el monopolio, no será posible la competencia. Por eso, la importancia de reestructurar y definir la estructura empresarial, ya que es la única forma para asegurar que la liberalización cree competencia. Para asegurar lo anterior, la Ley de competencia debe aprobarse antes de iniciar la desregulación y no posteriormente, tal como continúa sucediendo en Nicaragua.
La experiencia ha demostrado tanto en Europa del Este como en América Latina, inclusive Nicaragua, que cuando se liberaliza en sectores proteccionistas, pero no monopólicos, primero hay que liberalizar y luego hay que defender la competencia; en cambio, en los sectores que provienen de monopolio lo primero a ser aplicado es contar con una Ley de la competencia para que, cuando se aplique la política de liberalización, ésta pueda tener efectos reales.
Han transcurrido doce años, se han elaborado varios proyectos de Ley de la competencia, y no se da el proceso de discusión con los agentes económicos. Por el contrario, se observa en funcionarios de Gobierno una posición tímida, asumiendo la actitud de olvido, mientras tanto empresarios y consumidores asumimos las consecuencias de concesiones deficientemente negociadas, se fortalecen monopolios, se brinda un mal servicio, sube el precio por falta de competencia; continúa el proceso de privatización de los servicios y los entes reguladores aparecen como instituciones fantasmas. Entonces, una reflexión, realmente en Nicaragua existe libertad de empresa y libertad de competencia.
El autor es abogado y notario público.
