Víctor Manuel Espinoza Pao
En América estamos viviendo un nuevo tipo de liderazgo, después de 60 años de corrupción continua, organizada y legalizada, donde los pueblos tenían poca información de su magnitud. “Todo lo que ha estado oculto sale a luz”. Los gobiernos corruptos, llenos de soberbia, están siendo humillados.
Si estableciéramos una categoría de este nuevo Liderazgo Gerencial sobre la Anticorrupción, podríamos señalar: en primer lugar, a Enrique Bolaños, abanderado de la anticorrupción con el apoyo de la Procuraduría General de Justicia; en segundo lugar, el presidente Alejandro Toledo, apoyado por el Poder Judicial; en tercer lugar, el presidente de EE.UU., George W. Bush, apoyado por el Congreso de su país; y en cuarto lugar, el presidente Vicente Fox, apoyado por un sector de la Policía Nacional y el Poder Judicial.
Si partimos de la rapidez, la agresividad, y por el grado de decisión entregada a su pueblo, en los países donde se combate la corrupción por la vía judicial, inmediatamente surge un frente de lucha, donde los acusados, en vez de defenderse de las acusaciones señaladas, denuncian en los medios de opinión pública supuestos actos de corrupción, tratando de convertir los delitos de orden penal en juicios de orden político; pero esta corriente moralizadora en América parece no detenerse y los pueblos se llenan de esperanzas.
Con su ascenso al poder, los presidentes de Bolivia y Colombia podrían retomar un nuevo Liderazgo Gerencial de Anticorrupción, para que sean coherentes sus discursos con sus acciones. En estos países no se discute la legalidad de la toma del poder de estos gobernantes, pero su legitimidad está a prueba frente a una sociedad que demanda acciones eficaces contra la corrupción. Algunas empresas, individuos y asociaciones ilícitas, se han convertido en transnacionales de la corrupción organizada, con el apoyo directo de alguna clase política gobernante.
Los Estados Unidos, la Comunidad Europea, el FMI y el BID, en materia de préstamos o donaciones, toman en consideración, en primer lugar, la capacidad de pago del país; pero la valoración y los criterios para este tipo de financiamiento debería de partir de la capacidad que tiene un gobierno de combatir la corrupción, comenzando por los salarios y prebendas de los altos funcionarios, por el número de diputados y los resultados del Poder Judicial; en segundo lugar, debería de tomarse en cuenta la capacidad de combate al terrorismo, narcotráfico y el contrabando organizado, que pasa por las fronteras de nuestros países.
El autor es abogado.
