El ex presidente Arnoldo Alemán dijo el lunes de esta semana en una radioemisora capitalina, que “los ingratos” que quieren quitarle la inmunidad parlamentaria para obligarlo a responder en los tribunales por las acusaciones gubernamentales de corrupción, “dicen que vendrá el águila del norte para llevarse a este conejo”.
El ex presidente Alemán se refería obviamente a la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos, que se comenzó a mencionar con insistencia después que el embajador estadounidense, Oliver Garza, recordó el miércoles 14 de agosto —en un almuerzo de despedida que le ofreció la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham)— que hay un convenio de colaboración entre Nicaragua y Estados Unidos suscrito el 18 de agosto de 2000, que “permite capturar donde sea a los violadores de la ley en su país”.
Pero el embajador Garza aclaró que los casos a los que se refiere dicho convenio “son limitados, obviamente, nadie quiere entrar a un problema político con países amigos, pero países amigos entregan a esos sujetos en base de pedidos y acuerdos internacionales o bilaterales que existen”. Y un día antes, en un evento del Ministerio de Educación, Garza había dicho que “las leyes violadas en los Estados Unidos pueden traerle a uno la posibilidad de ser investigado y llevado a juicio, mientras la persona se encuentre en Estados Unidos”.
Ningún nicaragüense puede ser extraditado a Estados Unidos ni a cualquier otro país, pues la Constitución Política de Nicaragua establece expresamente en su artículo 43 que: “Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”. Además, ningún convenio internacional o bilateral puede disponer nada contra la norma constitucional, y si lo dispusiera no tendría validez, pues como apunta el artículo 182 de la Constitución: “No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones”.
El ex presidente Alemán, quien además de avezado político profesional y empresario afortunado, también es abogado, debe conocer la Constitución, y, por lo tanto, sabe que no hay ninguna posibilidad legal de que lo extraditen a Estados Unidos. De manera que su dramatización radial del lunes pasado no puede ser sino una estratagema propagandística para presentarse como “víctima del imperio”, o porque teme ser llevado por las vías de hecho a Estados Unidos, para ser procesado allá, como hicieron las autoridades estadounidenses con el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, y con el capo narcotraficante hondureño Juan Mata Ballesteros, con el respaldo de una sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos que declaró legítima la captura en países extranjeros de delincuentes que han violado las leyes de ese país.
En realidad, además de que Alemán no puede ser extraditado a Estados Unidos, paradójicamente el lugar más seguro para él es Nicaragua, e inclusive, lo que más le convendría es renunciar a la inmunidad y comparecer al juzgado donde se instruye la causa contra él, sus familiares y asociados políticos por la acusación gubernamental de corrupción, pues podría ser sobreseído pese a las abundantes y al parecer contundentes pruebas que ha presentado la Procuraduría General de Justicia.
En efecto, debido al enredo que han hecho con este proceso judicial, la acusación contra Alemán y compañía prácticamente se ha desviado hacia los funcionarios y ex funcionarios que en el gobierno anterior recibían complementos salariales “por debajo de la mesa”. De manera que es muy posible que los acusados resulten sobreseídos, y esta posibilidad se ha hecho más factible después que el líder del FSLN, Daniel Ortega, aprovechándose de la claudicación moral y legal de la mayoría de los diputados liberales se ha involucrado directamente en el asunto, y hasta ha convocado a manifestaciones de masas en respaldo de su estrategia política.
Como hemos dicho antes, los sobre sueldos por debajo de la mesa eran una de las muchas formas de la corrupción que practicó el gobierno anterior. Sin embargo, en lo que sea punible, ese caso debería ser juzgado en causa aparte, y no hacer el sospechoso enredo judicial que se está haciendo hasta ahora y que bien podría ser la oportunidad para que el conejo se convierta en águila y escape de la justicia.
