- Solicitarán al presidente Bolaños rechazo al incremento del IR a las personas jurídicas
Roberto Orozco B. [email protected]
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) solicitará al presidente de la República, Enrique Bolaños, un veto parcial a la recién aprobada Ley de Ampliación de la Base Tributaria, en lo que se refiere al incremento del cinco por ciento del Impuesto sobre la Renta (IR) a las personas jurídicas, informó ayer Anastasio Somarriba, presidente de la organización.
Somarriba dijo que “pronto” enviarán al presidente Bolaños una carta para plantearle su petición y, de paso, “explicarle de forma sencilla” las consecuencias que acarreará el incremento del 25 al 30 por ciento del IR en las operaciones de la empresa privada.
“Se va a mandar una comunicación a la Presidencia tratando de que la Presidencia específicamente vete esa parte, porque es una preocupación de todas las cámaras (que integran el Cosep)”, dijo Somarriba
Esta petición se fundamenta en la preocupación que mantienen las distintas cámaras que integran el Cosep, las cuales consideran que el incremento del cinco por ciento del IR, es un aumento real de un 20 por ciento en los gastos de adquisiciones de productos, lo que, al final, afectará también a la población que adquiere los bienes materiales que se elaboran en el país.
Somarriba adelantó que también se enviará comunicación a la Asamblea Nacional para exhortar a los diputados a que no vean la situación como un apoyo más de la empresa privada al gobierno.
“Trataremos de que no se vea las situaciones como ha sido, de que ven que la empresa privada ha estado apoyando al gobierno, y por eso hay que echarle más impuestos. La carga impositiva del país es muy alta, y esto lógicamente saca de competencia a la parte industrial, la parte económica y la parte del punto de vista profesional, que va a pagar mucho más impuestos todavía”, apuntó Somarriba.
Sobre el resto de la Ley, el Cosep no la cuestiona. En cambio, Somarriba afirmó que “estuvo bien” el liberar de impuesto a los productos de la canasta básica.
El presidente del Cosep afirmó que integran actualmente una comisión de abogados, a cargo del doctor Orestes Romero, para analizar si la Ley de Ampliación de la Base Tributaria tiene roces con la Constitución.
“Se van a analizar los aspectos constitucionales para ver si podemos hacer algunas reflexiones al respecto próximamente”, agregó.
PIDEN DIÁLOGO FISCAL
Por su parte, la Coordinadora Civi para la Emergencia y la Reconstrucción (CEER) retomará su llamado a entablar con el gobierno “un verdadero diálogo fiscal”, porque considera que la recién aprobada Ley de Ampliación de la Base Tributaria “no está orientada hacia una estrategia de desarrollo a largo plazo” y, por tanto, “no es una respuesta eficiente para fortalecer la estructura fiscal”.
Ricardo Zambrana confirmó que luego que las 320 entidades que integran esta organización se reunieran el lunes para analizar los efectos negativos de la entrada en vigencia de esta Ley, se mantiene la solicitud de realizar un diálogo fiscal.
“Vemos que esta Ley no fue aprobada con visión estratégica de largo plazo, sino más bien para buscar cerrar la brecha del déficit presupuestario del gobierno. Además, los presupuestos son anuales y las discusiones con los organismos financieros internacionales cubren mayor plazo, por eso nos desgastamos con discusiones anuales, mientras no haya una estrategia de desarrollo a largo plazo”, consideró Zambrana.
COMISIÓN DE ESTUDIO
Vidaluz Meneses, enlace nacional de la CCER, informó que instalarán una comisión de estudio de la Ley para analizarla en todos sus aspectos con más detenimiento, y de cara a organizar un foro debate con distintos economistas .
“Esta Ley es tan compleja y seria que nos tiene confundidas las distintas opiniones de los economistas”, dijo Meneses.
“En estos foros pretenderemos aclarar una serie de aspectos, para ver, no sólo cómo quedó la propuesta del gobierno, sino también ver cómo quedó la situación de los ONG”, apoyó Ricardo Zambrana.
Según Zambrana, actualmente existen varios criterios de especialistas con respecto a la Ley. “Unos dicen que la propuesta del gobierno no salió tan golpeada porque la brecha presupuestaria que queda ahora no es tan grande, es decir, se logró cubrir un 90 por ciento. Pero otros dicen que no, que alrededor de 300 millones de córdobas quedaron pendientes de conseguirse”, agregó.
