Aldo Díaz [email protected]
Con independencia de las intenciones oficiales la lucha contra la corrupción aparece como un conflicto de intereses políticos entre la facción gobernante del Partido Liberal Constitucionalista y la que controla el ex presidente de la República y actual presidente de la Asamblea Nacional, dueña de los sellos oficiales del partido. El conflicto, pues, enfrenta a los dos prin
Pero, además, por su propia naturaleza constitutiva los otros dos Poderes del Estado están alineados a una de las partes, con el agravante de que ambos viven su propia crisis interna, profunda en el caso del Consejo Supremo Electoral y aparentemente controlada en el caso de la Corte Suprema de Justicia.
Igual sucede con las instituciones del Estado encargadas de velar por el buen funcionamiento del gobierno: la Procuraduría enfrentada a la Fiscalía y a la Contraloría. Sólo la Procuraduría de Derechos Humanos se mantiene al margen de la crisis institucional provocada por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo.
A nadie se le escapa, entonces, que el país se encuentra paralizado por una profunda crisis institucional de origen político —según aparece, habrá que insistir—, atravesada además por el sistema judicial, que no tiene visos de solución ni a corto ni a mediano plazo. Por el contrario, tiende a magnificarse por la diferencia astronómica entre los tiempos políticos y judiciales: mientras éstos caminan con exasperante lentitud aquéllos modifican la situación en cuestión de horas.
Y aunque también resulta evidente que el país no debe continuar por este despeñadero y que se impone una solución inmediata, no existe consenso en cuanto al tipo de solución: demasiadas voces reflejan actitudes emocionales y/o morales, clamando por soluciones que arriesgan el estado de derecho y los derechos humanos, principalmente los civiles y políticos. Otras llevan sus intenciones de solución hasta el extremo de vulnerar la soberanía nacional, clamando por la extraterritorialidad de la justicia extranjera.
La solución debe ser nacional, con estricto apego a la institucionalidad y el estado de derecho, y está en manos de las partes directamente involucradas: el Presidente de la República y el Presidente de la Asamblea Nacional. El problema es que ambos han desnaturalizando el recurso de la solución política negociada al negarse el uno al otro capacidad de interlocución.
Es imperativo, pues, el acercamiento de las partes en procura de una inmediata solución política negociada para luego abocarse a la negociación de una solución integral de la problemática nacional, en la cual subyace como megatónica bomba de tiempo una crisis económica de carácter estructural, imposible de resolver sin el concurso de todos los sectores del país.
Para el logro del primer objetivo parece recomendable la conformación de una comisión de arbitraje de reconocida experiencia, independencia y equidad que cubra los ámbitos políticos, judiciales e institucionales, por ejemplo: los doctores Emilio Álvarez Montalbán y Rodolfo Sandino Argüello, y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Obviamente esta comisión de arbitraje requerirá de un sólido soporte logístico que podría ser propiciado por algún organismo internacional sin derecho a participación.
Resuelta la crisis política entre el Presidente de la República y el Presidente de la Asamblea Nacional —que no implica la suspensión de los juicios abiertos contra los supuestos defraudadores públicos— el país tendrá que abocarse a la solución de la crisis económica mediante el consenso nacional.
El autor es historiador.
