Silvia González Siles/[email protected]
JINOTEGA.- Los diputados Leónidas Centeno, Edwin Castro, Agustín Jarquín Anaya, Oscar D. Carrión, Víctor Guerrero, Freddy Solórzano y Jorge Matamoros firmaron y presentaron a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley denominado “Ley de suspensión de concesiones de uso de aguas” que, de aprobarse, impediría la privatización de los servicios de agua y alcantarillado sanitarios.
La iniciativa la presentaron el jueves al presidente de la Asamblea Nacional y será discutida el próximo miércoles. En la ley se argumenta que el agua juega un papel esencial en las actividades del planeta desde tiempos muy remotos, y sin duda, continuará siendo un factor decisivo de multitud de fenómenos mientras exista.
Por otro lado, hacen saber que es necesario desarrollar un sistema de apoyo para el manejo sustentable de los recursos de agua en Nicaragua, que enfatice la integración de los distintos usuarios. Este sistema podrá servir y ser usado por diferentes sectores como el gobierno, industria, grupos de ciudadanos interesados, el público y las universidades.
Según el diputado Leónidas Centeno, el propósito fundamental de esta iniciativa es para que se maneje de forma racional en tanto no se cuente con una definición de políticas y estrategias públicas y legislación que regule todos sus aspectos.
No obstante, en uno de sus artículos del proyecto de “Ley de suspensión de concesiones de uso de agua” indica literalmente: “Se suspende el otorgamiento de las concesiones a particulares que otorga el Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific) para derechos de uso de aguas, hasta que se elabore y apruebe en la asamblea nacional una ley general de aguas”.
Por otro lado, dice que el Estado no podrá otorgar concesiones a particulares en el sector energético, cuya generación sea usada de forma exclusiva para el servicio de agua.
Según Centeno, lo que se quiere lograr es que mientras la Asamblea Nacional no apruebe una ley que diga que el Poder Legislativo no decida privatizar o vender un bien del Estado, el Poder Ejecutivo no podrá decidir sobre estos bienes.
