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Basado en los artos. 59 y 105 de nuestra Constitución Política, recientemente, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realizó la presentación de un estudio importante sobre la “Calidad del Servicio de Salud que presta el Estado a los nicaragüenses”. Este estudio nos refleja una vez más la situación crítica y desmesurada en que se encuentra este sector.
Lo triste de todo es que la mayoría de la población que demanda este servicio cuenta con ingresos menores que el costo de una canasta básica tal como lo manifiesta el estudio. Sin embargo, éstos se ven obligados a aportar las “cuotas voluntarias” que les solicitan en las unidades de salud, pagar por exámenes clínicos con tarifas diferenciadas, comprar medicinas inclusive los que se encuentran en la lista básica de 250 medicamentos programada por el Ministerio de Salud; sin tomar en cuenta que hay que incurrir en el gasto de servicios y exámenes especializados como: cirugía, odontología, ultrasonido, radiografía, rayos X los cuales en su mayoría sus costos oscilan entre 100 y hasta 400 córdobas. Los centros de salud y hospitales entrevistados en este estudio, al abordarlos sobre la falta de abastecimiento de medicinas, manifestaron que reciben solamente el 42.0 por ciento de los medicamentos de la lista básica, lo que provoca un malestar e inconformidad en la población que requiere de este servicio. No obviando la dificultad que existe sobre todo de los pobladores del área rural los cuales tienen que recorrer grandes distancias para obtener el servicio. Otro problema que enfrenta la población es la falta de eficiencia y calidad de atención brindada por el personal médico y paramédico en todo el proceso, producto quizás de un bajo salario o por no contar con los recursos humanos y financieros para enfrentar tal situación.
En consecuencia, se deja manifiesto la ausencia de “voluntad política” por parte del gobierno ante la reducción presupuestaria asignado a este sector en 1996 (14.94 por ciento) y 2001 (13.24por ciento) el cual no se ajusta a la realidad ni mucho menos a las necesidades básicas de la población.
Todo lo anterior pone en tela de duda el estricto y fiel cumplimiento de los artículos arriba mencionados de nuestra Constitución Política. Sólo me resta decir que nos queda a todos la esperanza de que “algún día será de día”.
La autora es Licenciada en Pedagogía.
