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La discusión sobresaliente en Nicaragua durante la última década ha sido en torno a la justicia, y podemos deducir, después de tanta corrupción descubierta, que una mayoría de nicaragüenses quiere que la sociedad sea regida por las leyes y no por los caprichos de presidentes, dictadores o militares.
A veces nos asombra ver que funcionarios, civiles o militares, quieren pasar por encima de la ley para imponerse a conveniencia propia, pero esto se debe a que la justicia es también un reflejo del grado de cultura de los ciudadanos, y en Nicaragua todavía subyace una cultura dictatorial.
Para muestra está la actitud prepotente del Ejército que mandó a llevar con la Policía a un periodista de LA PRENSA, porque hizo una insinuación sin pruebas contra un alto militar, una falta que ninguna ley pena con cárcel y debe ser dirimida en los juzgados.
Ese hecho nos lleva a preguntarnos quién manda en Nicaragua, porque da la impresión de que el Ejército está por encima de la ley o irrespeta a las autoridades civiles. Si el organismo militar o uno de sus generales se siente ofendido, tiene el derecho de pedir una aclaración o demandar al periodista ante los tribunales por injurias y calumnias.
Pero enviar a la fuerza policial, para sacar al periodista de su centro laboral, fue una demostración de fuerza desmedida con una señal peligrosa: que la justicia y sus procedimientos importan poco a los militares.
Incluso, ese talante de superioridad fue reafirmado por el Ejército durante los últimos siete días, al negarse a pedir disculpas por el atropello contra el periodista y, en cambio, encargar a la Policía que explicara los hechos, a su manera, a través de una carta que envió a ciertos medios de información, excluyendo a LA PRENSA.
Si el presidente de la República, Enrique Bolaños, se niega a comentar el hecho y la Policía actúa con una rapidez inusual contra el periodista, nos queda la impresión de que el Ejército tiene un poder superior al otorgado por la Constitución, o al menos le infunde temor al Ejecutivo y a la Policía.
Bolaños se limitó a decir que su gobierno garantiza la libertad de expresión y dejó la sensación de estar evitando choques con el Ejército, mientras que el proceder de la Policía fue de sumisión, al buscar al periodista el mismo día en una supuesta acción de oficio, en vez de que él fuera citado por un juez a solicitud de la parte injuriada, como indica la ley.
Algo positivo en este incidente es que los nicaragüenses podemos ahora identificar mejor las grandes piedras que hay en el camino hacia la consecución del estado derecho tan proclamado, en el que manden más las leyes que las personas.
