En declaraciones que brindó al noticiario “100% Noticias”, el miércoles 24 de julio, el jefe del Ejército, general Javier Carrión, aseguró que “la institución castrense representa la estabilidad de la seguridad nacional para casos de crisis internacional o para casos de crisis interna, según la Constitución de la República”.
Pero no es eso lo que dice la Constitución. Lo que ésta señala con toda claridad (artículo 92) es que “El Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y la integridad territorial”. Y agrega el mismo artículo constitucional que: “Sólo en casos excepcionales el Presidente de la República, en Consejo de Ministros podrá, en apoyo a la Policía Nacional, ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua cuando la estabilidad de la República estuviera amenazada por grandes desórdenes internos, calamidades, o desastres naturales”. Por otro lado, la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290) establece que es por medio del Ministerio de Defensa que el Ejército podrá “apoyar al Ministerio de Gobernación en las acciones que desarrolle la Policía Nacional, cuando así lo haya dispuesto el Presidente de la República…”
Es muy peligrosa la pretensión de los mandos militares de erigirse en guardianes de la seguridad nacional y protectores de la democracia. La democracia y la seguridad nacional se cuidan con el imperio del Estado de derecho y mediante el ejercicio y respeto a las libertades y derechos democráticos, a través de la práctica civilista y cívica del pueblo en la renovación periódica de los gobernantes, y con la participación en la elaboración y ejecución de las políticas públicas por medio de los partidos, asociaciones gremiales y organismos institucionales como el Conpes.
La democracia no necesita guardianes como el Ejército y la Policía. Y además de que no esa la función de dichas instituciones, debido a sus antecedentes históricos, a sus afinidades política y su formación ideológica, los mandos militares y policíacos no pueden ser garantía de los derechos democráticos de los nicaragüenses. Las instituciones armadas constituyen más bien una amenaza latente contra la democracia, y, por lo tanto, son los ciudadanos quienes deben vigilar a militares y policías. Una vigilancia que se hace más necesaria ante el renovado autoritarismo y las actitudes agresivas del Ejército y la Policía contra la libertad de información, que han retrotraído a los mandos militares y policiales a los tiempos del totalitarismo, cuando ellos eran dueños de vida y hacienda de los nicaragüenses y atropellaban los derechos democráticos y las libertades de los ciudadanos.
Es cierto que ahora el Ejército y la Policía no están directamente sometidos a la disciplina del FSLN. Pero tampoco se subordinan de verdad a la autoridad civil del Gobierno, sino que operan con una autonomía funcional, que si bien constituye un avance relativo en comparación con la época de la despótica confusión totalitaria del Estado-Partido-Ejército-Mint, sin embargo no es ésta la situación institucional que deben ocupar las Fuerzas Armadas en un país democrático. Además, los mandos militares y policíacos siguen siendo ideológicamente sandinistas, y, por lo tanto, es válido preguntarse cuál sería el comportamiento del Ejército y la Policía en caso de que el FSLN volviera al poder y que pretendiera, como es probable, restablecer el régimen autoritario y atentar otra vez contra los derechos y libertades de los nicaragüenses.
La verdad es que no hay garantía de que el Ejército y la Policía no apoyarían un eventual intento de restauración totalitaria y de que no actuarían abiertamente contra la democracia y la libertad. Al contrario, por sus antecedentes históricos y por su renovada agresividad contra la libertad de prensa, que es el fundamento de todas las libertades, es justo temer que el Ejército y la Policía apoyarían al FSLN en una loca aventura para restablecer el totalitarismo en Nicaragua.
De manera que es imperiosamente necesario hacer que se cumplan —pero de verdad, no de mentiritas como hasta ahora— las disposiciones constitucionales y legales acerca de la subordinación del Ejército y la Policía a la autoridad civil del Estado. Las recientes agresiones de estos cuerpos armados contra la libertad de prensa son señales ominosas que no se deben ignorar.
