Mario Sánchez [email protected]
La tarde del 18 de julio, Luis Felipe Palacios, periodista de LA PRENSA, fue sacado de la sala de redacción por agentes de la Policía Nacional y llevado a la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC).
Este acto que sólo nos recuerda los oscuros tiempos del coronel Luna, durante el somocismo, porque se cometió “un secuestro”, un acto delictivo penado por las leyes del país, que debe ser condenado por todos los medios de comunicación del país y por el periodismo nacional y por los tribunales.
Fue un acto violatorio de la Constitución, de la Libertad de Expresión, de los derechos humanos y del sagrado derecho de jamás revelar la fuente de información, consignado hasta en la Carta de las Naciones Unidas. Un periodista debe proteger su fuente a riesgo de sufrir cárcel e incluso con su vida de ser necesario.
Los periodistas y nuestras organizaciones gremiales, el Sindicato de Periodistas de Nicaragua y particularmente Luis Felipe Palacios, no deben conformarse con “condenar” esta actuación de la Policía Nacional, sino que al menos exigir una disculpa pública al primer comisionado Edwin Cordero Ardila, Director de la Policía Nacional, al comisionado mayor Julio González, Jefe de la DIC, y al sub comisionado Denis Tinoco, oficial judicial auxiliar de la DIC, pues con esa actuación cometieron los delitos de Secuestro, detención ilegal y amenazas.
Ahora la Policía Nacional quiere justificar su torpe actuación, argumentando que actuó en base a una petición que el 18 de julio, supuestamente le hizo el general Roberto Calderón, para que se le investigara de supuestos ilícitos que él habría cometido.
Aunque el general Calderón tiene razón en pedir que se investiguen los ilícitos que se les señalan en la publicación del diario, la actuación de la Policía fue torpe, desacertada políticamente y violatoria de la Libertad de Expresión que es de obligatorio cumplimiento por estar consignado en la Constitución y en las leyes internacionales.
La detención del periodista Palacios es un delito del cual la Policía se hizo autora, según el Código Penal de Nicaragua, (Pn), Título III, Delitos contra la Libertad e integridad individual y otras garantías. Capítulo I, Detención ilegal, Secuestro y otros.
Artículo 228 Pn.
“Comete el delito de secuestro, el particular que sin orden de autoridad competente o fuera de los casos previstos por la ley privare de su libertad a otro y será penado con prisión de 1 a 6 meses y multa de 100 córdobas.
Si el secuestro se comete por medio de violencia, coacción, amenaza o engaño, encerrare o detuviere a otro, privándolo de su libertad para impedirle el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación, para perjudicarlo en su persona o bienes, para obtener de él o de otros alguna ventaja o compelerlo a él o a otra persona de dar, hacer o no hacer o tolerar algo. Los reos de este delito serán penados con presidio de 2 a 5 años”
En el caso de Palacios, él no fue citado, sino detenido en la redacción de LA PRENSA y llevado la DIC sin orden judicial, es decir mediante coacción, amenaza y violencia, con la intención de obligarlo a revelar su fuente. Aunque él se trasladó en un vehículo de LA PRENSA, éste iba escoltado por una patrulla policial.
Es decir que Luis Felipe fue sacado por un Policía y llevado con amenaza y por la fuerza por “emisarios de la Policía” a la DIC para obligarlo a revelar su fuente, delitos penados según el artículo 232 Pn. De las amenazas o coacciones.
El artículo 226 Pn. Dice:
“Comete el delito de detención ilegal el particular o funcionario que no ponga en el término legal a la orden de la autoridad competente a los detenidos por delitos o faltas y el juez o funcionario que detuviere a una persona u ordenare su detención sin cumplir con las formalidades legales o lo mantuviere detenido sin ponerlo a la orden del juez competente dentro de las 24 horas siguientes al acto de detención más el termino de la distancia. La pena es de 6 meses a 1 año de cárcel”.
Esta actuación le quita credibilidad al profesionalismo que promulga la Policía Nacional y deja entrever que se deja manipular, utilizar y que está subordinada al Ejército Nacional.
La jefatura de la Policía Nacional se atrevió, como en los tiempos del somocismo, a enviar a una patrulla a la redacción de LA PRENSA y secuestrar a Palacios, pero no actuó con igual presteza para capturar a Alejandro Carrión, hermano del general Javier Carrión, Jefe del Ejército Nacional, quien mató mediante balazos de un fusil AK al campesino Pablo Leal en Ticuantepe.
En el fondo, lo que se pretende al amedrentar al periodista y al diario LA PRENSA, por tener más credibilidad ante la opinión pública nacional, para que jamás se atrevan a criticar o denunciar hechos en actuaciones de que se señala a un alto jefe militar, sobre todo en estos momentos en que una comisión de la OEA está por comenzar en Nicaragua la investigación sobre las armas de guerra desviadas a las fuerzas paramilitares de Colombia.
El autor es periodista.
