José Adán Silva [email protected]
La Contraloría General de la República ha decidido castigar con sanciones administrativas a dos funcionarios del nuevo gobierno, bajo los argumentos de no facilitar información oficial a ese órgano fiscalizador de los recursos del Estado.
El presidente de la CGR, Francisco Ramírez, confirmó ayer que las dos personas a quienes se les “recetarán” las sanciones son: Mario Montenegro Castillo, Presidente Ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) y Pedro Solórzano, Ministro de Transporte e Infraestructura, por no acatar las peticiones de informaciones requeridas por la Contraloría con base en dos denuncias contra estas entidades.
Según Ramírez, tanto Solórzano como Montenegro han desobedecido las peticiones de la CGR. Al primero se le denunció por nepotismo, supuestamente había contratado a una familiar en un cargo de confianza.
“Al señor Solórzano le hemos enviado muchas veces a pedir la información, y nunca nos respondió, ahora ya decidimos sancionarlo por desacato a la Ley Orgánica de la CGR. Ahí se establece que todo funcionario público está obligado a brindar información a esta institución cuando así se solicite”, dijo Ramírez.
IGUAL A DUQUE ESTRADA
Anunció que sancionarán a Mario Montenegro, de Enel, porque se le ha solicitado, sin éxito desde hace cuatro semanas, una copia del contrato de privatización de las empresas Disnorte y Dissur, de Unión Fenosa.
“Le hemos pedido ese contrato, le hemos expuestos nuestros argumentos, y él no responde, entonces no nos queda otra que actuar apegados a derecho, ya que en la Ley Orgánica, en el artículo 171, inciso 42, se establecen sanciones para un funcionario público que no brinde la información solicitada por la CGR”, dijo Ramírez.
“Ya estos señores están actuando como el ex ministro de Hacienda Esteban Duque Estrada, cuando se negó rotundamente a entregarnos aquel informe del Banco Mundial sobre el Banic”, comentó Ramírez.
La CGR investiga sobre el proceso de privatización de las empresas distribuidoras de energía para poder conocer los términos que se establecieron en dicho contrato, así como las obligaciones y deberes de Unión Fenosa y el Estado de Nicaragua.
Ramírez dijo que en cierto modo, acudir a estas medidas, es una forma de irrespeto a la CGR, por parte de los funcionarios del nuevo gobierno. “O no nos envían la información, o nos descalifican y se burlan”, se quejó Ramírez.
LA PRENSA intentó obtener la versión de Solórzano, pero en relaciones públicas de esa institución nos dijeron que el Ministro estaba en una reunión y su celular estaba apagado.
La Ley Orgánica de la CGR señala que cuando a un funcionario se le determina responsabilidad administrativa, su jefe inmediato le debe aplicar una sanción que implica la multa equivalente de uno o seis meses de su salario y/o su destitución.
En este caso, correspondería al presidente de la República, Enrique Bolaños aplicar las sanciones. Al respecto, tratamos de obtener la versión de la Presidencia a través de la Secretaría de Comunicación Social, pero los principales funcionarios de esa institución no respondieron a nuestros mensajes.
