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El presidente de la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional, Noel Pereira Majano, dijo ayer que en la próxima semana podrían analizar el caso de la indemnización millonaria que en 1998 recibió el entonces vicepresidente Enrique Bolaños Geyer.
Pereira Majano dijo a LA PRENSA que aunque no ha habido una petición específica de nadie en ese sentido, sí analizaría el caso para determinar si merece una investigación a profundidad y colaborar con la Contraloría General de la República para “despejar dudas” del asunto.
La denuncia se interpuso en septiembre del año 98 ante la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional a solicitud de la bancada sandinista, quien consideró como un acto de corrupción que a Bolaños se le indemnizara con 2.7 millones de córdobas en efectivo, salidos del Presupuesto General de la República, cuando la ley establecía que a todos los confiscados se les debería pagar en bonos de indemnización. Desde entonces el caso ha permanecido engavetado.
Sin embargo, Pereira Majano dejó entrever ayer la posibilidad de abrirlo en la próxima semana y revisar el estado de la denuncia. “No sé si ese caso se falló correctamente, o ni siquiera se falló, pero de todos modos se puede reabrir para despejar dudas al respecto. Vamos a considerar todo eso la próxima semana”, dijo Pereira.
Sin embargo, dijo que antes de analizar el caso, revisarían todas las connotaciones políticas que pudiera tener el asunto en las filas del Partido Liberal Constitucionalista “para evitar más divisiones. Vamos a mantener la concordancia del caso sin caer en cosas de partido”, señaló Pereira Majano.
El presidente Enrique Bolaños recibió en septiembre de 1998 una indemnización de 2.7 millones de córdobas por la confiscación y expropiación de tres fincas rústicas ubicadas en las afueras de Masaya, que sería pagada en cuotas mensuales de 200 mil córdobas.
Sobre ese pago la Contraloría General de la República iniciará una investigación para determinar si hubo o no anomalías en el desembolso de la indemnización, la que a criterio del contralor Guillermo Argüello Poessy, debió haberse cancelado en bonos de indemnización y no en efectivo.
Bolaños ha respondido que las informaciones publicadas al respecto son “calumnias”, y defendió los pagos bajo el argumento de que las confiscaciones en los años 80 le echaron a perder una fortuna de más de nueve millones de dólares, “sólo por luchar por la democracia”.
