María Antonia López M. yWilliam Briones Loá[email protected]
El experto en temas tributarios, Julio Francisco Báez, propuso ayer al gobierno que introduzca un adéndum (agregado) a la propuesta de reforma presupuestaria donde se comprometa a calcular e introducir una serie de rubros que servirán para soportar la carga fiscal, sin tener que aprobar el proyecto de Ampliación de la Base Tributaria.
“Este adéndum debe especificar estos ingresos extras hasta el tercer trimestre del año”, indicó Báez, calificando la propuesta como una “salida elegante” para evitar que las reformas fiscales sean devueltas al Poder Ejecutivo.
Según el analista, el gobierno de forma apresurada “y nunca visto en el país”, pretende lograr una reforma tributaria antes del 30 de junio, y de esa manera quedar bien con las exigencias del FMI para firmar un nuevo acuerdo de ajuste económico que permitiría el ingreso de 100 millones de dólares durante el primer año.
“De tal manera, que al gobierno le tocará identificar de dónde extraer los 550 millones que se han planteado como meta extra de ingresos. Por ejemplo, deben calcular cuál será el nuevo monto que ingresará a la Dirección General de Ingresos por concepto de Impuesto General al Valor (IGV), trasladados desde el incremento de la energía; además, calcular cuánto debe el Estado de impuestos no pagados por bienes de consumo y hacerlos efectivos”.
También instó a hacer efectivo el mecanismo de la caja única donde deben depositarse los cobros que hacen las instituciones oficiales y no devolverlos como lo hacen actualmente.
La propuesta de Reforma al Presupuesto de la República, donde Báez sugiere sean agregadas estas propuestas, fue enviada desde el 15 de mayo pasado y aún no ha sido aprobada por el Poder Legislativo.
Bayardo Arce, primer secretario de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento, aseguró ayer que es imposible que la reforma presupuestaria pueda aprobarse el 30 de junio, y culpó de eso al Ejecutivo por enviarle contra el tiempo esa iniciativa.
DEFIENDEN JUSTICIA Y SEGURIDAD
Arce dijo que en esa comisión ya identificaron dos fuentes de ingresos para no recortarle la asignación presupuestaria a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público y la Policía Nacional (PN), que totalizan unos 70 millones de córdobas.
“Le dijimos a la Corte, la Fiscalía y la Policía que no vamos a dejar que les recorten sus presupuestos, y como obviamente, tomar la decisión de no recortar algunas partidas implica ver de dónde se van a agarrar esos fondos, es algo que se tiene que ver con el ministro de Hacienda (Eduardo Montealegre) y el presidente del Banco Central de Nicaragua (Mario Alonso)”, explicó.
Detalló que algunas propuestas son reducir el pago de intereses y comisiones al Banco Central por los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) y bajar el porcentaje de transferencia a la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA).
