Luis Felipe Palacios [email protected]
El ministro de Gobernación, Arturo Harding, informó ayer que pedirán formalmente al gobierno de Costa Rica la repatriación de más de 500 reos nicaragüenses que se encuentran detenidos en las cárceles ticas, aunque el país no tenga la infraestructura adecuada para acogerlos.
“Existe voluntad, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, de repatriar a estos hermanos nicaragüenses a que cumplan su condena en Nicaragua, obviamente cumpliendo con la Convención Interamericana de Cumplimiento de Condena Penal, que es el instrumento jurídico que permite la repatriación”, indicó.
Añadió que se conformó una comisión de trabajo integrada por delegados de Cancillería, Ministerio de Gobernación, Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia y Procuraduría de Derechos Humanos, para que en el corto plazo analice y ponga en ejecución el plan, que desde ya se encuentra con un obstáculo y es la alta población penal en Nicaragua.
“El mayor problema significa el lugar en que los vamos a alojar, por lo que tenemos que ver las capacidades de las cárceles del país y la seguridad de ellos. El problema es complejo, pero lo importante es que todos dijimos unánimemente que lo vamos a hacer”, anotó.
Explicó que tomarán en cuenta el vacío que dejarán en las cárceles los indultos que promueve la Asamblea Nacional, así como la posibilidad de que haya adaptaciones en los penales. Además, aseguró que de los 360 reos que han expresado su voluntad de pagar condena en el país, priorizarán a quienes están detenidos por problemas de daños a la propiedad y por las condiciones humanas en que se encuentren.
“CÁRCELES NICAS, LAS MEJORES”
Por su parte, el diputado sandinista Nelson Artola, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, apuntó que para el cuatro de junio la comisión de trabajo se reunirá nuevamente en el Parlamento para elaborar un plan que permita establecer los pasos organizativos y requerimientos económicos y materiales en el proceso de repatriación.
GOBERNACIÓN RESPALDA A POLCÍA
Sobre la acusación de uno de los hijos del comisionado Christian Munguía —muerto a balazos hace algunos días—, quien dijera que el subcomisionado Francisco Bautista era el “enemigo silencioso” de su padre, Harding anunció que todo comentario negativo afecta a la institución, pero espera que la misma Policía dé las explicaciones pertinentes y que aclare el caso.
“Es muy difícil comentar sobre este asunto, porque son cuestiones personales y familiares. Desgraciadamente la Policía está involucrada en el asunto, y nosotros como Ministerio de Gobernación estamos en la obligación de apoyar a la Policía. Realmente nuestra posición es la posición oficial de la Policía, y esperamos que todo se resuelva en los tribunales, donde no me cabe la menor duda que todo se va a aclarar”, señaló.
