Emilio Álvarez Montalván
Al independizarse Centroamérica, se encontraron nuestros próceres con dos limitaciones políticas en la formación del nuevo Estado, la primera fue la carencia de legitimidad democrática, pues nunca hubo elecciones en la Capitanía General, ni siquiera para escoger autoridades locales. Sabemos que durante la Colonia española todo se resolvía en Madrid. En cambio en Norteamérica, donde los colonos gozaban de patente real para organizarse libremente, se arraigó de entrada una cultura de asamblea, que mandaba votaciones directas para tomar decisiones.
Por otra parte, en el Istmo carecimos de líderes militares para emanciparnos y obtener con sus triunfos, las credenciales de mando, como sucedió en América del Sur. Nuestra independencia fue un proceso tranquilo, sin disparar un tiro. Ello explica que los firmantes del Acta del 15 de septiembre fuesen intelectuales y no guerreros.
La violencia vino después, con la rivalidad de León y Granada. Consecuentemente, aparecieron los caudillos quienes se comportaban como conquistadores peninsulares. En todo caso, la democracia fue finalmente obtenida 160 años después, al lograrse desde 1990, comicios libres, eficientes y honestos.
El otro problema sigue sin solución, pues carecemos de mecanismos legales que controlen al gobernante y le exijan rendición de cuentas. Los antiguos juicios de residencia para encauzar a gobernadores cesanteados fue sustituido al surgir la República por un anodino Tribunal de Cuentas, tan inoperante como la Contraloría General de la República.
Como resultado de la falta de ambos factores (representación democrática y control), hemos tenido un Estado débil manejado por hombres fuertes u oligarquías exclusivas. En consecuencia nuestra historia se movió en un círculo vicioso de caudillos ambiciosos e impunes, militares o civiles, alternados con guerras civiles e intervención extranjera.
Lo que impresiona hoy en día en Nicaragua es que se inicia sin violencia un cambio del juego de valores de nuestra cultura política, con la denuncia y castigo de funcionarios corruptos. Los instrumentos son ahora la reforma de las leyes y el comportamiento correcto de los jueces, como enseñó valientemente Gertrudis Arias.
Frente a ese empeño rectificador empiezan a consolidarse dos fuerzas. La que aspira a no enjuiciar al pasado reciente, ni corregir el presente, ni prever las fallas futuras y aquella otra que propugna por el enjuiciamiento y castigo de los malversadores del erario público.
Como en todo inicio de cambios estructurales, los factores resistentes disponen de mayor poder decisorio. Ese sector está representado por los dos caudillos y sus clientelas, por los aparatos confesionales de amplio espectro que se identificaron con el poder temporal. Agreguemos algunos privilegiados, a ciertos miembros de los Poderes del Estado apertrechados ahí en virtud del pacto caudillesco. No obstante, los más listos de ellos están pendientes de la correlación de fuerzas, para pronunciarse definitivamente.
A su vez, la mutación cultural está siendo orientada por el presidente Bolaños y sus funcionarios, por importantes medios de comunicación social, por la comunidad internacional (incluyendo FMI, BID, BM) y segmentos influyentes de la sociedad civil. Sin embargo, les falta estrategia, coordinación, liderato y organización. Todo ello provoca impaciencia en la opinión pública, olvidándose que si bien el ritmo del cambio pacífico es lento, es más definitivo que cuando prevalece la violencia. Por cierto que sin presión cívica pública y sostenida, sin logros concretos y sin recursos económicos, los obstáculos se vuelven insuperables.
En resumen, es preciso mantener la dinamia del proceso, pues podría empantanarse y malograse. A pesar de todo, el actual equilibrio precario de las dos fuerzas terminará por romperse, por un detonante político, social o económico que empuje resueltamente al cambio, el cual deberá realizarse con responsabilidad para que tampoco termine en manos de un demagogo estilo Chávez. Lo que debe evitarse es la interrupción del orden constitucional o un nuevo pacto.
El autor es analista político, miembro del Consejo Editorial de LA PRENSA.
