Arturo Zamora Corté[email protected]
“Escuchar es el principio del entendimiento”
La información y la comunicación no pueden ni deben seguir siendo manipuladas como factores de poder desde una concepción autoritaria, sino que por el contrario, deben ser vistas como bien social, como recursos útiles para propiciar la participación ciudadana, racionalizar recursos, facilitar la solución de problemas y necesidades sociales y agilizar los procesos de desarrollo y de transparencia que el país y sus ciudadanos anhelan. No se debe, pues, discutir qué tipo de control hay que tener sobre la información, sino qué tipo de sociedad deseamos: autoritaria o democrática.
Urge abrir las instituciones públicas y hacerlas más participativas, democráticas y eficientes. Urge transformar los sistemas de información y comunicación entre el gobierno y la ciudadanía. Urgen nuevas relaciones con los medios de comunicación y los trabajadores de la información y la comunicación social. Hoy urge cambiar radicalmente este tipo de relación pervertida y conflictiva entre gobierno y ciudadanos. Urge la creación de un Consejo Nacional de Información y Comunicación Social.
La exclusión, el control y la erección de barreras para evitar el acceso a la participación ciudadana en la administración pública fue, entre otras, una de las características predominantes del gobierno anterior.
Ese gobierno trabajó por la desmovilización de los ciudadanos, acostumbrados a afrontar con entereza problemas comunes. Fustigó permanentemente a las organizaciones de la sociedad civil, generando temor, pasividad, apatía, alienación e impotencia; con la consiguiente pérdida de los valores de solidaridad social. Generó desconsuelo, desconfianza e incertidumbre.
Fomentó la confrontación entre los servidores públicos y la gente, en vez de propiciar la colaboración para solucionar problemas sociales que afectan a todos. Desarmó consejos y estructuras que permitían la participación de diversos sectores sociales en la formulación de políticas de salud, educación y otros ámbitos de bien común. Fomentó la impunidad, la evasión de la justicia y de la verdad. Subestimó la energía potencial de la gente para “empoderarse” y contribuir a solucionar problemas que la administración pública debía resolver. Ensalzó la displicencia, la falta de ética. Premió el arribismo, la ceguera; el yo no fui.
Si en la administración anterior la información y la comunicación estuvo centralizada, hoy debe ser descentralizada. Si estuvo restringida, para adormecer la inteligencia ciudadana e inmovilizarla, hoy deberá ser abierta para acrecentar el conocimiento y fomentar la movilización de la población. Si se manejaba como propiedad de la burocracia, hoy debe ser entendida como de utilidad pública.
Si la información sobre la gestión gubernamental, el acceso y utilización de la misma obedecía al modelo autoritario, hoy debe corresponder a un modelo horizontal, inclusivo y democrático.
Si la comunicación fue vertical, jerárquica y vocinglera, hoy debe ser dialógica y de doble vía, y, más aún, debe darse de múltiples formas y vías. Debe propiciar equilibrio, estabilidad social, respeto, empatía, solidaridad, participación ciudadana. Debe ser inclusiva, responsable, educativa y movilizadora.
Aunque la mayoría de los problemas que afronta el país no pueden ser resueltos a través de la información y comunicación únicamente, son una herramienta que usadas adecuadamente pueden contribuir a modificar hábitos y costumbres que nos atrapan en el atraso y oscurantismo autoritario.
La información y la comunicación por sí solas no van a reducir la pobreza ni los problemas del desarrollo del país, sin embargo, campañas eficaces de información y comunicación educativa, contribuirán a la convivencia ciudadana, educarían a la población sobre alternativas para sus vidas, motivarían a la acción, acrecentará sus conocimientos y reforzará las conductas que se deseen modificar.
El autor es Consultor en Comunicación Social.
