- Juez Ileana Pérez debió corregir fallas en la petición de extradición de los mexicanos Galán y López Toledo
- Pedirá a Migración y Extranjería le informe si Esteban Duque Estrada salió del país antes o después de la orden de retención migratoria
Ary Neil Pantoja yMoisés Martínez [email protected]
La juez segundo de Distrito del Crimen de Managua, Ileana Pérez, debió corregir ayer “los errores” en la solicitud de extradición de los ciudadanos mexicanos Alejandro López Toledo y Ricardo Galán Méndez, que hiciera a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la juez suplente Gertrudis Arias.
Mediante un auto, la juez Pérez envió nuevamente la solicitud a la Sala Penal de la CSJ, “incluyendo todos los requisitos de ley que omitió la juez Arias”.
Galán Méndez y López Toledo son acusados del delito de asociación para delinquir en perjuicio del Estado nicaragüense en el fraude cometido en contra del Canal 6, por el cual perdió 1.3 millones de dólares.
Según Pérez, la solicitud que Arias envió a la Sala Penal carecía de los requisitos que son, según dijo: copias certificadas del escrito de denuncia, el cual constituye el fundamento del proceso; del auto-cabeza de proceso; del auto decretando orden de captura en contra de los señores Ricardo Galán y Alejandro López Toledo, y copia de la sentencia interlocutoria dictada el 20 de marzo del presente año, así como del auto del 22 de marzo.
También ordenó la certificación de las disposiciones del Código Penal en torno al delito de asociación para delinquir y sobre la prescripción de la acción penal. “Una vez tenidos tales documentos, formalícese la solicitud referida para ser enviada al Supremo Tribunal para efectos legales y en cumplimiento a lo ordenado en el oficio”, expresa el auto de la juez Pérez.
ACUSACIÓN FORMAL
Mientras tanto el procurador especial penal, Alberto Novoa, introdujo la acusación formal en contra del ex presidente Arnoldo Alemán, Martha McCoy, David Robleto, David Castillo, Salvador Quintanilla, Mario Medrano, Ausberto Narváez, Edmundo Téffel y Armando Bermúdez, todos por los delitos de fraude, peculado y asociación para delinquir en perjuicio del Estado de Nicaragua, por su supuesta participación en el caso del Canal 6.
JUEZ PEDIRÁ INFORMACIÓN SOBRE DUQUE ESTRADA
La juez Pérez solicitará información a las autoridades de Migración y Extranjería sobre el movimiento migratorio del ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada, para conocer si salió o no del país, pues hasta el momento se desconoce su paradero y se presume que se encuentre en Washington, Estado Unidos, atendiéndose una afección cardíaca.
Pérez dijo desconocer si Duque Estrada abandonó Nicaragua antes o después de haber ordenado la retención migratoria en su contra por ser procesado por los delitos de fraude, peculado y asociación para delinquir en contra del Canal 6.
NARVÁEZ RATIFICA QUE RECIBIÓ ÓRDENES DE McCOY
Por su parte Ausberto Narváez, ex Director del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), al comparecer como procesado, ratificó que al emitir un cheque a nombre de Canal 6, por 150,000 dólares, actuó por orientaciones de la ex secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Martha McCoy Sánchez.
También dijo que existen copias de los diferentes convenios que firmó con el ex director de Canal 6, Sydney Pratt, para respaldar la emisión de otros cheques. Agregó que la transferencia de dinero de una institución gubernamental a otra “es algo común”, previa firma de los convenios, por lo que, reiteró, “siempre actué apegado a Derecho y a las facultades que la ley me confiere como funcionario”.
QUINTANILLA IMPUGNA ACUSACIÓN
El abogado defensor de Salvador Quintanilla, Mario Delgado, impugnó la acusación introducida por el procurador especial Alberto Novoa. Delgado justificó la impugnación al proceso porque, según dijo, Novoa acusó con base en la Ley 11 de reforma y adición al Código Penal de Nicaragua, la que, según él, fue reformada el cinco de marzo y publicada el seis de marzo del presente año en un medio escrito.
“Esto deja sin efecto la Ley 11 de reforma al Decreto 179 publicada en La Gaceta, la cual explica que sólo puede cometer fraude el funcionario público, no las personas naturales; como no existe retroactividad de la ley, este juicio desde su nacimiento mismo es nulo”, refirió.
Novoa afirmó que esta ley está vetada por el Ejecutivo, debido a un error en los artículos 82 y 85 de la misma. “El Ejecutivo la vetó, la corrección está en la Asamblea, pero el Ejecutivo no le ha dado el visto bueno y la devolvió a la Asamblea, por eso no ha entrado en vigencia”, aseguró.
Por su parte, la juez Ileana Pérez dijo que no podrá decidir nada hasta que se presente la impugnación de manera oficial, y por escrito.
