- Juez Juana Méndez debe emitir sentencia interlocutoria en caso de fraude, peculado y asociación e instigación para delinquir
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, revocó la orden de captura que había dictado contra el ex Director de Fiscalización de la Dirección General de Aduanas, Gonzalo Rodríguez, acusado por fraude, peculado y asociación e instigación para delinquir en perjuicio del Estado.
La judicial deberá emitir hoy una sentencia interlocutoria porque en dicho proceso está detenido José Caballero Gómez y se encuentran prófugos José Antonio Castillo García y hasta ayer era prófugo, Rodríguez.
Los delitos antes señalados habrían ocasionado a la Aduana la pérdida de 1,400 millones de córdobas que, según la investigación, fueron a parar a manos de Rodríguez Reyes. Fuentes ligadas a las investigaciones indican que el monto detectado ya supera los tres millones de córdobas, sin embargo el dato no está registrado en el expediente judicial.
El expediente enviado al juzgado por la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado 11 de marzo, indica que el ex funcionario de la DGSA utilizaba a Caballero Gómez y a Castillo García, para que cobraran el equivalente al 33% del valor de la mercancía incautada, al que tienen derecho quienes denuncien delitos de defraudación aduanera y contrabando ante la dirección general de fiscalización.
PROCEDIMIENTO AMPARADO EN SISTEMA ADUANERO
Sin embargo, las indagaciones de la Procuraduría y la Policía indican que el cobro de ese dinero estaba amparado en el procedimiento normal del sistema de semáforo en la Aduana y no en denuncias de la supuesta red de informantes a la que pagaba Rodríguez.
En el caso declaró Emilio Selva, ex Director General de Aduanas, quien dijo que todo lo actuado por él y Rodríguez estaba amparado en una resolución que creó un Comité para atender el caso de las denuncias de la red de “informantes”.
El artículo 14, párrafo segundo de la Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero, establece que “toda persona que denuncie alguna defraudación o contrabando aduanero, tendrá derecho a una gratificación, siempre y cuando en virtud de los datos suministrados, resultase la aprehensión de mercancías realizables…”
La Ley establece que los denunciantes reciben un tercio de lo incautado, es decir el 33 por ciento.
