- Especialista recomienda reforma total a políticas fiscales y declara como “muerta” Ley de Justicia Tributaria
- Dice que exoneraciones deberían publicarse en La Gaceta, dando a conocer el nombre del beneficiario, el bien y la base jurídica
José Adán Silva [email protected]
Las polémicas por las exoneraciones de impuestos otorgadas durante el pasado gobierno, muchas de las cuales estaban amparadas bajo ley de Justicia Tributaria, son calificadas por el experto en Derecho Fiscal, Julio Francisco Báez, como “una hemorragia fiscal” que el gobierno debe parar con profundas reformas al sistema fiscal y tributario.
Para él, más allá de si muchas de estas exoneraciones son legales o no, existe un asunto de fondo que podría poner fin a la discusión: un ordenamiento total y exhaustivo de las políticas fiscales del país.
“Porque no solamente se están aplicando las exoneraciones legales, sino que además han proliferado exoneraciones otorgadas discrecionalmente, al margen de la ley, contrariando toda ley, o haciendo interpretaciones antojadizas”, señala el experto.
De acuerdo con Báez, el problema radica en que existe “una desorganización legal”.
RECOMENDACIONES
Para “tapar esta hemorragia fiscal”, Báez recomienda al gobierno, simultáneamente a las investigaciones, la implantación inmediata de un sistema de control de exoneraciones.
Según el experto en derecho fiscal, para mejorar la situación de la transparencia de las exoneraciones, las mismas deben ser publicadas en La Gaceta, diario oficial, en tres columnas: “Nombre del beneficiario, identificación del bien exonerado y base jurídica de la exoneración”.
Dice que la reforma fiscal que debe realizar este gobierno debe contemplar como uno de sus capítulos fundamentales, “una política nacional de incentivos fiscales y exoneraciones, esa es la cama de las reformas fiscales”.
Asimismo, recomienda que el gobierno debe buscar el “norte” sobre qué exonerar o no, ya que todas las instituciones con incidencia tributaria están ofreciendo incentivos y exoneraciones que no están enmarcadas dentro de una política nacional. Ejemplo: el presidente de la Asamblea Nacional dice que va a exonerar de impuestos a la agricultura, “¿qué entiende él al decir lo que no hizo como presidente?”, se pregunta Báez.
Del mismo modo, dice, una reforma de ley debe ser integral, tributaria y fiscal, pero que antes de establecer un sistema férreo del control de las exoneraciones, con absoluta transparencia, el gobierno debe hacer un inventario de las exoneraciones, para saber cuál es el mapa de lo que se debe reformar.
“Debe hacerse un diagnóstico y medir qué impacto ha tenido en la práctica, para evitar políticas de tierra arrasada, y evitar que eliminen exoneraciones que no tienen por qué arrancar y que afecten a los sectores sociales. Debe medirse, diagnosticarse y luego reformar”, señala.
AMPLIARON MÁS DE LO QUE RESTRINGUIERON
El análisis de Báez se enfoca a raíz del debate sobre las exoneraciones que el gobierno de Nicaragua empezó a otorgar desde que se aprobó la Ley de Justicia Tributaria y Comercial, en 1997.
“En el quinquenio del pasado gobierno, se aprobó un sinnúmero de leyes, paralelas a la Reforma Tributaria del 97, en materia impositiva, y se vinieron dando un sinnúmero de prerrogativas fiscales de exoneraciones, mayores que las que eliminó la Ley de Justicia Tributaria, entonces, hubo una especie de hemorragia legislativa, tanto de leyes como decretos, que negaron el objetivo original de esa ley; lo que hicieron después fue agregar más de lo que suprimieron”, explica.
Para él, el asunto de las exoneraciones se debe a “que hay una conducta fiscal muy laxa, donde se amplió el abanico que se había restringido”.
