- Ignacio Díaz, presidente del
organismo de Derechos Humanos, considera que se lesionaron los
derechos de los afectados en el
desalojo de Mérida
Juan Rodríguez [email protected]
La Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) condenó y reprobó ayer “la violenta acción cometida por los miembros de la Policía Nacional, la cual constituye un grave atropello a los Derechos Humanos de los ciudadanos afectados”.
En el desalojo ocurrido en Mérida, Ometepe, que tuvo como resultado varios heridos y lesionados, entre ellos miembros de la Policía Nacional, se encontraban mujeres y niños, según constató este organismo de Derechos Humanos.
La Anpdh emitió un comunicado donde denuncia que hay severos daños materiales a los desalojados, lo cual significa que se han lesionado sus derechos económicos.
El doctor Ignacio Díaz, presidente de la Anpdh, explicó que la carta constitucional garantiza en el Arto. 44, el derecho a la propiedad a los nicaragüenses, razón por la cual institucionalmente se debe preservar y asegurar el ejercicio y disfrute del mencionado derecho a la ciudadanía.
“Debe procurarse por las instancias jurisdiccionales del Estado, y ante causas procesales que tengan bajo su conocimiento dónde se está pretendiendo la tutela jurídica del referido derecho, sean valorados y tomados en cuenta todos aquellos elementos y circunstancias jurídicas que les ayuden a dirimir con justeza, equidad y de conformidad con la ley, una pretensión determinada sobre el mismo, y así evitar situaciones como la que ahora reprobamos”.
La Anpdh calificó “como lamentable que ante hechos jurídicos de esta naturaleza, las cuales se presentan muy a menudo en nuestra realidad nicaragüense, no se agoten al máximo los mecanismos de comunicación y diálogo entre las partes, y evitar la comisión de acciones que dañan y lesionan los Derechos Humanos de los ciudadanos, y que asimismo afectan la buena imagen de respeto que deben guardar hacia los derechos y garantías individuales de los ciudadanos las instituciones de poder y autoridad del Estado”.
USO EXCESIVO DE LA FUERZA
Díaz solicita a los organismos de promoción y defensa de Derechos Humanos, y a las autoridades superiores de la Policía Nacional, que se proceda a realizar una objetiva e imparcial investigación sobre los hechos sucedidos en ese departamento, con el objeto de deslindar las responsabilidades penales correspondientes de ciudadanos y autoridades policiales involucradas, y “proceder a imponer del conocimiento de las autoridades de justicia a los responsables de tan lamentable hecho para su penalidad y sanción correspondiente”.
La Policía Nacional del departamento de Rivas actuó en contra de un grupo de familias residentes en la comunidad de Mérida, municipio de Altagracia, en la Isla de Ometepe, departamento de Rivas, el sábado 23 de febrero en horas de la mañana. En la acción, según el organismo, se utilizó fuerza excesiva al disparar contra los ciudadanos sus armas de reglamento sin agotar la persuasión.
