Iván Olivares B. [email protected]
El jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Edwin Cordero, aseguró que están investigando “algunas cuentas” de Byron Jerez, para preparar el expediente que pasarán a la Fiscalía en el caso por lavado de dinero que se le sigue al del ex director de la DGI.
“Tenemos que concluir todavía algunas averiguaciones, estamos revisando algunas cuentas del Sr. Jerez, y si tienen algo sospechoso, entonces lo vamos a remitir. Las cuentas que estén limpias no las podemos remitir”, detalló, explicando que esas cuentas no sólo están dentro del país, sino que también afuera, sin especificar de cuántas se trata “porque son bastantes”.
Sin embargo, el comisionado Marlon Montano, relacionista público de la Policía Nacional (PN), confirmó a LA PRENSA que aún no se ha roto el sigilo bancario, y que han pedido a la Fiscalía General de la República que haga esa solicitud al juez para poder continuar investigando los 157 nuevos “checazos” que le descubrió LA PRENSA.
Consultado al respecto, el Dr. Julio Centeno Gómez, Fiscal General de la República, dijo que ellos están apoyando el trabajo investigativo de la Policía en lo referente al posible lavado de dinero por el que también se le investiga en Estados Unidos, pero que “no nos han entregado nada ni tenemos relación alguna con la Policía”, por lo de los checazos.
Una fuente policial explicó que en realidad ambos casos son uno mismo, “porque el dinero de los ‘checazos’ que salía de la Dirección General de Ingresos iba a parar a empresas fantasmas, y eso es una forma de lavar dinero”.
El Fiscal dijo que ellos están apoyando el trabajo policial ayudándoles a conseguir información que está en poder de la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de la República (CGR), y explicó que la Fiscalía no ha comenzado una investigación de los checazos por su cuenta “porque no hemos tenido elementos para eso”.
Centeno agregó que cuando reciban el informe policial revisarán las conclusiones de los detectives, y si encuentran perjuicio al patrimonio del Estado, le pedirán a la CGR que se pronuncie sobre el caso “como manda la Constitución”, antes de decidir si lo remiten a los tribunales.
Si no se detecta daño al patrimonio estatal, el caso pasaría directo a los juzgados.
