Sergio J. Cuarezma Terá[email protected]
En la región centroamericana las encuestas de victimización apuntan índices relativamente altos y que la tendencia generalizada es hacia el incremento en los mismos. En 1997, Guatemala, El Salvador (actualmente el segundo país más violento de América Latina, después de Colombia, Honduras es el tercero), Nicaragua y Costa Rica alcanzaban tasas de victimización que afectaban al 20% o más de su población. En el año 2000 se cometieron en Nicaragua 75,741 delitos, 207 diarios y uno cada 7 minutos, según las estadísticas de la Policía Nacional. Detenidos 37,073 y 74,921 víctimas. A pesar de estos datos, la víctima del delito en el país continúa siendo, en palabras de Nils Christie, un «personaje olvidado».
La víctima, después de ser objeto de un delito, se siente furiosa, asustada, indefensa, humillada, frustrada y sin información. En la mayoría de los casos, las víctimas de delitos viven sin protección, vulnerables a amenaza, intimidación y violencia por parte de los cómplices, amigos y familiares y del propio delincuente. La vulnerabilidad de la víctima se complica en los casos en que los delincuentes permanecen libres sin posibilidad de ser arrestados, y cuando lo están retornan rápidamente a la libertad, amparados en los beneficios de la fianza, suspensión de la ejecución de la sentencia o libertad condicional; sin contar los casos donde el delincuente tiene poder o acceso al poder, y posee amplios recursos económicos, que sirven para atemorizar y eventualmente garantizar el silencio de su víctima. En esta situación, la víctima está sola. El Estado y la sociedad deben de protegerla, la víctima sola pocas cosas puede hacer, sería pedirle un mayor sacrificio o una acción heroica, casi siempre inútil.
No es infrecuente, por tanto, que las víctimas, bajo cualquier pretexto, rehúsen comparecer ante la Policía, los juzgados y tribunales para denunciar o acusar a sus victimarios. El temor profundo por la seguridad personal y de su familia puede más que la responsabilidad de contribuir a la justicia. La ley y la justicia se frustran, pero la frustración en la víctima es mayor.
Nace una esperanza para las víctimas del delito. En la lista de leyes que el señor presidente, Enrique Bolaños Geyer, presentó ante la Asamblea Nacional, aparece en la misma como una iniciativa a presentarse próximamente, la «Ley sobre los Derechos de la Víctima del Delito». En algunos sistemas de derecho penal, como el régimen islámico, la víctima desempeña un papel central en la justicia penal, sin embargo, en otros, los derechos de la víctima son marginales. El anuncio del presidente Bolaños podría permitir a la víctima que se le devuelva a su sitio en la justicia penal y se le reconozcan sus derechos, con la finalidad de garantizarle respeto, apoyo, tutela y crear un balance adecuado entre la protección a los acusados y la protección de la víctima. Este equilibrio es la piedra angular de la justicia penal. Por cada delito cometido, puede haber entre víctima, ofendidos y perjudicados cinco personas. Esto supone, por ejemplo, que el número de víctimas del año 2000, 74,921, podría no ser esta cantidad, sino 374,605 en total. A pesar de estos datos, el tratamiento por la justicia del delincuente y la víctima sigue siendo desigual. Esperemos que la propuesta de esta ley, traiga a las víctimas del delito, «equidad».
El autor es Catedrático de Derecho Penal y Criminología.
