En el reportaje sobre las elecciones presidenciales de Costa Rica que publicó LA PRENSA en su edición del domingo recién pasado, el señor Ottón Solís, ex candidato del Partido Acción Ciudadana, aseguró “que su país no puede renunciar a sus derechos de navegación en el río San Juan, pero para la navegación armada de los guardias ticos podría solicitar un permiso por quince años a Nicaragua (…) y no tenerlo que hacer en cada momento”.
“Es como cuando se facilita el sobrevuelo de una nave; no se está cediendo soberanía. Todas las naves de Nicaragua que vengan a Costa Rica tienen derecho a sobrevolar”, dijo el derrotado ex candidato presidencial de la tercera fuerza política costarricense.
Hubiera sido mejor conocer la opinión que tienen sobre el tema del río San Juan los otros dos candidatos presidenciales costarricenses —Abel Pacheco de la Unidad Social Cristiana, y Rolando Araya del Partido de Liberación Nacional—, puesto que obligatoriamente uno de ellos será el próximo presidente de Costa Rica. Sin embargo, la opinión de Solís es la misma que prácticamente tienen todos los políticos costarricenses, incluyendo a los mencionados candidatos presidenciales, Abel Pacheco y Rolando Araya.
Pero no es cierto que los derechos de Costa Rica para navegar en el San Juan sean de carácter general, es decir, en todo el río. Y tampoco es cierto que la navegación de guardias costarricenses armados sobre el San Juan sea igual que el sobrevuelo de aeronaves nicaragüenses en el territorio de Costa Rica, o viceversa.
En primer lugar, “el antiguo derecho de Costa Rica en el río (por donde hace más de un siglo sacaba este país su producción de café), limita a esta república a navegar únicamente con artículos de comercio en el trecho donde su frontera coincide con la ribera sur del río”, tal como se dice en la nueva Geografía Básica de Nicaragua, del Dr. Jaime Incer, que se imprimió en Editorial LA PRENSA S.A.
En segundo lugar, el sobrevuelo de naves aéreas sobre el territorio de un país no implica ningún riesgo para éste, a menos que sea con fines agresivos y en tal caso se toman las medidas defensivas apropiadas. Y en el caso de la navegación de militares costarricenses armados en el San Juan, aunque sólo fuera en el trecho que se estableció en el Tratado Jerez-Cañas, y se ratificó en los laudos de Alexander y Cleveland, significaría admitir que Costa Rica tiene derecho de soberanía sobre el río, lo cual no es cierto, y sería una amenaza contra los nicaragüenses que por la razón que sea lo cruzan para ir a buscar trabajo en Costa Rica.
Sobre este punto hablamos con el ministro de Relaciones de Exteriores de Nicaragua, don Norman Caldera, cuando éste visitó LA PRENSA el viernes (8 de febrero) pasado para explicarnos a grandes rasgos las proyecciones de la política internacional que va a impulsar y a practicar el gobierno del presidente Enrique Bolaños.
También hablamos con el canciller nicaragüense sobre lo que se dice habitualmente, de que los costarricenses han sido muy hábiles para convencer a la opinión pública internacional de que sus pretensiones fronterizas son justas y correctas, al grado de que en los diccionarios y enciclopedias de circulación mundial con mucha frecuencia se incluyen datos erróneos, favorables a Costa Rica y perjudiciales a los intereses territoriales de Nicaragua.
Pero lo cierto es que los costarricenses han podido captar la simpatía de la comunidad internacional en sus pretensiones fronterizas, no porque sean más hábiles e inteligentes que los nicaragüenses, sino porque ellos se hacen representar ante el mundo por medio de estadistas educados, democráticos, civilistas y pacifistas, en tanto que nosotros nos hemos exhibido ante el mundo con gobernantes autoritarios, corruptos, agresivos y rústicos, salvo las raras excepciones de la ex presidenta Violeta B. de Chamorro, y del actual presidente, don Enrique Bolaños Geyer.
En realidad, escoger las mejores personas para gobernar el país no sólo es indispensable para que no sigamos hundiéndonos en la pobreza, el atraso y la corrupción, sino también para que podamos resolver exitosamente los retos externos y ganar los conflictos territoriales ante la opinión pública y la justicia internacional.
