- Rescatan entre los escombros los últimos cadáveres de los 280 muertos
Roberto Cortijo
LIMA/AFP.- A una semana del incendio en el centro comercial Mesa Redonda en Lima antigua que dejó 280 muertos y más de un centenar de heridos, se ha nombrado comisiones investigadoras, el dedo acusador va de un lado a otro sin detenerse hasta el momento en eventuales responsables.
Los últimos cadáveres han sido hallados en la remoción de escombros y demolición de edificaciones a punto de colapsar, realizadas entre miércoles y jueves.
Unos de los primeros a quien se ha asignado responsabilidad en la desgracia que ha enlutado a los peruanos es al Ministerio del Interior, acusado por la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, por haber dejado sin protección policial la zona del incendio.
“El Ministerio Público fue sorprendido con el retiro del cordón policial que rodeaba el centro comercial Mesa Redonda (escenario del incendio en el centro de la capital)”, dijo tras indicar que podría ser responsable un “funcionario, coronel o general que autorizó el retiro de los efectivos policiales”.
En respuesta, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi y el de Salud, Luis Solari, manifestaron que la fiscal había adelantado opinión cuando apenas se ha iniciado la investigación de parte del Ministerio Público.
DEMANDAN FUERTE INVESTIGACIÓN
El Congreso de la República convocó al alcalde de Lima, Alberto Andrade, quien demandó una exhaustiva investigación para señalar a los culpables de la desgracia, y al ministro Rospigliosi quien aceptó responsabilidad del siniestro pero también dijo que esa responsabilidad es compartida con la sociedad civil que es la que compra los artefactos pirotécnicos pese a estar prohibido.
En tal sentido, el Parlamento nombró una subcomisión investigadora de la tragedia del sábado 29 de diciembre.
Los miembros de ese grupo parlamentario señalan que su labor investigadora no sólo abarcará a los comerciantes formales e informales, al municipio limeño y al Ministerio del Interior, sino que también se extenderá a las empresas eléctricas, porque muchas personas fallecieron electrocutadas.
Otros organismos investigados serán el estatal Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) porque cuando llegaron los bomberos no había agua en los grifos, el Poder Judicial por los habeas corpus otorgados a los comerciantes que estaban inhabilitados por el municipio para la venta de artefactos pirotécnicos.
Asimismo, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Municipalidad de Lima, la Defensoría del Pueblo han nombrado comisiones investigadoras sobre la tragedia.
