Tito Rondón [email protected]
Las acusaciones de pirateo por parte de algunos equipos contra otros (a veces los mismos) son muy graves por varias razones.
Una, moral. No es lícito mentir, aunque sea legal. Un equipo no debe nunca decir que no va a violar el tope salarial si no va a cumplir; un pelotero no puede empeñar su palabra con un club y después firmar con otro “porque la esquela es la que vale”.
Dos, ética. Si los equipos tienen un pacto lícito de caballeros para tratar de abaratar el beis y de esa forma salvarlo (de él dependen muchos vendedores, ayudantes y peloteros jóvenes que reciben bonos de las organizaciones de Grandes Ligas para firmar y jugar), no lo deben romper.
Tres, económica. Si empiezan los equipos a dar dinero por “debajo de la mesa”, los equipos que se sientan perdedores van a irse a la ofensiva en la contratación de buenos jugadores, produciendo una espiral inflacionaria. Afortunadamente, quedan pocos jugadores por contratar, pero los que están fuera en estos momentos se pueden beneficiar. Y para el año que vienen se puede volver a la “guerra de las chequeras”…
Cuatro, legal. Aseguran abogados de la talla de Enrique Chavarría que un documento firmado por las partes y por testigos idóneos es un documento civil válido; eso es vulnerado cuando se legisla que “sólo la esquela vale”. Afortunadamente (para el béisbol) en Nicaragua hay tal desconfianza en los Juzgados que a nadie que no lo tenga que hacer se le ocurre acudir a los tribunales, aparte del natural deseo de que la “ropa sucia quede en casa”.
Una propuesta de Bayardo Cuadra a partir de los casos de Edgard López (apalabrado al Bóer y firmado por el San Fernando) y Jairo Pineda (documento de intención con el Granada y firmado por los Indios), era que a partir de ese momento toda declaración pública de intención sería válida.
Eso debería quedar incluido en el reglamento. Pero antes de que eso pasara, reventó el último escándalo, la firma de Jairo Mendoza, apalabrado al Bóer, con el San Fernando.
No sé qué pasará. Tradicionalmente los intentos de legislar asuntos morales producen más problemas de los que solucionan.
El ejemplo clásico es el de Estados Unidos cuando prohibieron el licor; lo único que ocurrió es que surgió la hasta entonces chelinera mafia, todo mundo bebió lo mismo nada más que en ambiente de ilegalidad, y los jueces y la Policía se corrompieron en parte.
Recuerden también los Talibán y el cine, o la televisión, para no mencionar siquiera a las pobrecitas mujeres.
Pero la propuesta de Bayardo es más práctica, ya que depende de documentos públicos o de testigos.
Sería casi como volver al imperio de la ley; no sería legislar moralidad.
JUECES Y ANOTADORES
Los representantes de los diferentes grupos de jueces son esperados el jueves 27 en Feniba para reunirse con don Noel Urcuyo Zeledón.
Por otra parte, los anotadores miembros de Anabs tendrán su reunión extraordinaria el viernes 28 a las 6:30 p.m. en casa de doña Esperanza Castro.
