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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) promoverá la aprobación de un anteproyecto legislativo de una nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), no obstante los diversos criterios planteados sobre el contenido.
El presidente de la CSJ, Iván Escobar, se pronunció por la promulgación de una nueva Ley Orgánica de la CGR y la derogación de la actual porque contiene muchas incoherencias, fallas, vacíos, y presenta serios roces constitucionales.
Reconoció que hay dos posiciones en la CSJ, unos magistrados están a favor de reformar la actual Ley, y otros porque se redacte un nuevo anteproyecto.
“O se hace una nueva Ley, que creo es lo más correcto para ponerla de acuerdo con la Constitución, o la seguimos parchando”, sentenció.
El presidente de la Sala Constitucional, Guillermo Selva, se refirió en términos similares, considerando que la legislación vigente quedó desactualizada con la promulgación de la Constitución de la República aprobada en 1987, y contiene serios roces con la Carta Magna.
Informó que tratarán de promover la elaboración de una nueva legislación conjuntamente con los contralores, quienes consideró deberían estar concientes de la inaplicabilidad de la Ley.
Negó que se trate de restarle facultades al órgano fiscalizador, sino que se le estaría encausando hacia su verdadero objeto, que debe ser aplicar medidas precautelares y prevenir que los controles administrativos y financieros en las instituciones públicas sean correctos, si las cuentas en los bancos están con las firmas correspondientes, si los comprobantes sostienen los pagos o los cheques, esa es la función, y si encuentran anomalías pueden declarar ciertas responsabilidades.
“Pero aquí han querido erigir en un tribunal de justicia en otra CSJ, porque actualmente se aparecen a un lugar a declarar responsabilidades civiles, administrativas, presunciones penales, ésa es materia policial y judicial. Además, que es un derecho universal que se presume la inocencia del señalado, acusado, sospechoso hasta que no se compruebe lo contrario. Eso es inaceptable”, advirtió.
Su colega Rafael Solís opinó diferente, y estimó que la nueva legislación daría mayores facultades al órgano fiscalizador para combatir la corrupción, pero también establecería más oportunidades a los funcionarios acusados o denunciados para que puedan defenderse de supuestas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Enfatizó que la iniciativa de ley permitiría a la entidad fiscalizadora recuperar las facultades que le fueron cercenadas en las reformas a su Ley Orgánica por el veto del presidente Arnoldo Alemán.
Recordó que las resoluciones de la CGR quedaron como simples informes administrativos, al eliminar la oportunidad de personarse como parte interesada en los juicios y de acusar directamente en los tribunales de justicia.
