- Cruce por municipios violentaría autonomía municipal, opinan costeños
- Expertos aconsejan que un proyecto de ese calibre se analice cuidadosamente para evitar que flujos migratorios masivos trastornen el funcionamiento de los municipios
Benjamín [email protected]
El Estado nicaragüense no ha tomado en cuenta que la ejecución del proyecto del Canal Interoceánico podría generar un éxodo masivo de poblaciones originarias de distintos municipios que quedarían marginadas una vez que el canal pase muy lejos de sus localidades, advirtieron representantes de comunidades indígenas costeñas reunidos el viernes en Managua.
“¿Se imaginan lo que pasaría con la ciudad de Bluefields? Simplemente la fuerza laboral emigraría hacia Monkey Point, donde se planea que inicie el proyecto del Canal Seco en el Océano Atlántico, y municipios como Tipitapa podrían quedar muy lejos del nuevo proyecto y su población podría emigrar”, comentó William Montiel, del Centro Humboldt.
Un proyecto de ese calibre, según Montiel, tendría que ser analizado cuidadosamente para evitar flujos migratorios que trastornen todo el sistema actual del funcionamiento de los municipios.
Los representantes de comunidades indígenas costeñas señalaron que si la línea férrea del proyecto del Canal Interoceánico cruza los municipios sin que los ejecutores de la obra negocien antes con las autoridades locales, se estaría violentando la autonomía municipal.
“Además de eso, los municipios perderían una gran cantidad de territorio, se atrofiarían los caminos por el impacto de la erosión en los suelos y en las cuencas hidrográficas, lo cual es peligroso cuando valoramos que vivimos en un país altamente vulnerable a los desastres”, expresó Montiel.
MíSKITOS DEFIENDEN LO SUYO
Por su parte la señora Pearl Marie Watson, de la comunidad indígena de Monkey Point, relató a LA PRENSA que el sentir de los habitantes, tanto de su localidad como de las otras comunidades costeñas por donde pasaría la ruta ferroviaria del Canal Interoceánico, es que ellos no van a ser beneficiados con el megaproyecto del Canal Seco.
“Ni el Gobierno Central ni el Regional están garantizando que con ese proyecto las comunidades vamos a tener un beneficio de nuestras tierras ancestrales, que la misma Constitución de Nicaragua reconoce que las tierras comunales son de los indígenas”, expresó.
Watson agregó que “es por eso que llevamos años demandando la demarcación, titulación y legalización para tener un papel, aunque no debería ser necesario porque eso está escrito en la Carta Magna”, recalcó.
La lideresa costeña lamentó que el gobierno nunca ha realizado ningún tipo de consulta con las comunidades. “La manera en que nos hemos enterado del proyecto del Canal Seco por la televisión, LA PRENSA y otros medios de comunicación, y hemos tenido que buscar información por nuestra cuenta”, comentó Watson.
“El tipo de trabajo que daría el Canal Seco a la gente de la comunidad solamente es de limpiar el piso o el patio, y esto a cambio de perder su tierra. Pero si el gobierno estuviera interesado en beneficiar a la comunidad, desde que se empezó a hablar del proyecto hace diez años, bien pudieron haber becado a diez o 20 jóvenes que hoy tuvieran algún título profesional o técnico y podrían tener un buen trabajo”, lamentó Watson.
DEMANDAS DE UN DERECHO ANCESTRAL
Demandas de un derecho ancestral
Las demandas de demarcación y titulación de las tierras indígenas es el talón de Aquiles de los pueblos costeños, porque “mientras no se demarquen las tierras, los gobiernos de turno seguirán actuando como si ellos no tuvieran derecho sobre esas tierras, a pesar que son territorios ocupados por ellos desde tiempos ancestrales”, explicó María Luisa Acosta, representante legal de las comunidades indígenas.
-Acosta dijo que las comunidades fueron marginadas en todo el estudio de factibilidad del proyecto del Canal Interoceánico, a pesar que la Constitución y el Estatuto de Autonomía establecen que los dueños de las tierras son las comunidades indígenas.
-“Es decir, las comunidades tienen los derechos claros y definidos, pero carecen de un reconocimiento institucional de esos derechos”, explicó Acosta.
-La Corte Interamericana de Justicia, en el caso de la demanda de la comunidad de Awastigni contra el Estado de Nicaragua, reconoció el año pasado que esa forma de propiedad tradicional, histórica, comunal es también una forma de propiedad protegida por la Convención Americana, por lo tanto el Gobierno de Nicaragua, como signatario de la Convención debería respetar esos derechos.
