- Funcionarios públicos y diputados deben ser juzgados en tiempo y forma por delitos cometidos fuera del contexto de sus funciones
- Caso Ortega-Zoilamérica revela necesidad de especificar cuándo invocar inmunidad y cuándo no es posible hacerlo
Consuelo Sandoval [email protected]
El ex candidato presidencial por el Frente Sandinista, Daniel Ortega, podría quedar libre de toda culpa, si la juez Juana Méndez, determina que prescribió la causa que por los delitos de violación y abusos deshonestos interpuso en su contra su hijastra Zoilamérica Narváez, declaró ayer el reconocido penalista, Sergio Cuarezma.
Explicó que la judicial también deberá determinar si hubo o no delito, si el hecho denunciado caducó dos años después de ocurrido que es el término establecido por el Código Penal y que, en el hipotético caso que así ocurriere, le corresponderá comprobar su prescripción y dictar una sentencia definitiva a favor de Ortega.
“Esto no significa que la persona acusada sea inocente o culpable, eso significa que jamás se podrá entrar a analizar y estudiar un tema que implica si efectivamente hubo o no un hecho delictivo, los efectos que acarrea eso, es decir, que por una parte hay que respetar el principio de inocencia del acusado y por otra parte, la posibilidad que perdió la parte acusadora de que no se conociera el caso en su momento”, expresó.
“Hay un principio constitucional que señala que nadie puede ser sometido a proceso dos veces por el mismo hecho. Este caso no podría reabrirse nunca más, una vez que el judicial emita una sentencia definitiva donde se establezca la prescripción”, manifestó.
VALORAR MÉRITOS JURÍDICOS
Por su parte, el jurista Alejandro Serrano Caldera, coincidió con Cuarezma en que la juez tiene que determinar si hay méritos para el juicio.
Serrano elogió la actitud de Ortega. “Aunque tardía, pero se dio, que es lo importante. Lo que hay que ver es el hecho que está planteado”, exclamó.
En tanto, el abogado Roberto Courtney se declaró confiado en que Méndez abrirá un proceso revestido de legalidad en su procedimiento, una validez orientada a esclarecer los eventos y a determinar responsabilidad.
“Esperaríamos que la decisión de la judicial fuera basada en las pruebas aportadas”.
Los reconocidos juristas se pronunciaron por una reforma a la Ley de Inmunidad que proteja a los funcionarios públicos exclusivamente de los hechos que cometan en el ejercicio de sus cargos.
“INMUNIDAD MANOSEADA”
Ello permitirá que los funcionarios estatales puedan enfrentar juicios por delitos comunes y se garantice de esa manera el principio constitucional de que todos los nicaragüenses somos iguales ante la ley, según valoraron.
Cuarezma aseguró que el tema de la inmunidad ha sido manoseado por los sectores políticos en la mayoría de países del mundo, porque han entendido la inmunidad como una extensión de impunidad para actos que están fuera del ejercicio de sus cargos.
Courtney indicó que la reforma a la ley de inmunidad sería para que la persona acusada no la invoque a su discreción, sino que le cubra en el ejercicio de su cargo para que exista igualdad de todos los ciudadanos ante la ley incluyendo a los diputados y el mismo presidente de la república.
ASPECTOS CONSTITUCIONALES
El artículo 27 de la Constitución estipula: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”.
El artículo 34, inciso 10 de la Constitución consigna que todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue condenado o absuelto mediante sentencia firme.
