- El líder sandinista renuncia a su inmunidad para enfrentar acusaciones de su hijastra por violación y abuso sexual
- Adversarios políticos temen que sea una treta para “limpiarlo” y que el delito quede impune
José Adán Silva [email protected]
“Inocente”. Así se declaró ayer el líder del Frente Sandinista, Daniel Ortega Saavedra, al acudir a los juzgados criminales de Managua a informar que había abandonado su inmunidad parlamentaria para enfrentar las acusaciones de violación y abuso sexual que, por más de tres años, ha sostenido en su contra su hijastra Zoilamérica Narváez Murillo
Acompañado por su compañera de vida (y madre de la acusadora) Rosario Murillo, sus hijos, y su abogado José Ramón Rojas, Ortega visitó el Juzgado Primero del Distrito del Crimen de Managua, para declararse inocente de las acusaciones que por los supuestos delitos de violación, abusos deshonestos y acoso sexual, interpuso en abril de 1998 su hijastra.
La declaración del acusado la tomó la jueza Juana Méndez, minutos después de que éste informara a la Secretaría de la Asamblea Nacional su renuncia a la inmunidad parlamentaria. Zoilamérica Narváez denunció públicamente en marzo de 1998 que había sido abusada y violada por Ortega desde que ella tenía once años.
“Estaba abierto el caso, pero no lo hice porque en ese momento estaba un contexto político no conveniente”, justificó Ortega al preguntársele por qué antes no enfrentó el caso; mientras tanto su esposa, Rosario Murillo, madre de Zoilamérica Narváez, decía que “confío en Dios y en el día de la Virgen Guadalupe para que se haga justicia”.
En círculos judiciales y políticos a la jueza Méndez se le señala como afín al Frente Sandinista, por lo que la acción de Ortega despertó desconfianza en algunos sectores políticos.
El abogado que llevará el caso de Ortega, un experto penalista, dijo que plantearía tres argumentos para sacar adelante a su cliente: “nunca se ha comprobado veracidad del delito; todo es parte de una invención para llegar a un juicio político, y en tercer lugar, la parte interesada no tiene derecho a pedir la tutela provisional penal”.
“Porque la ley le da tiempo perentorio a las partes para que hagan uso a ese derecho, supuestamente los hechos ocurrieron hace 16 años y la ley te da solamente cinco años para que acudas al Poder Judicial. Si tú dejaste pasar el tiempo y no aprovechaste, automáticamente el juez dice que no abre proceso porque esto ya está prescrito”, alegó Rojas, aclarando que Ortega renunció a su inmunidad sólo para enfrentar este caso.
Por su parte, el subdirector del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, José Javier Pérez Ríos, dijo que esta institución convocará a Narváez Murillo a una entrevista la próxima semana, para coordinar detalles de la defensa judicial y del informe de admisibilidad que sobre este caso, hace un mes, hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
“Vamos a hablar con ella para saber la estrategia que se usará en este caso, pero principalmente para la vigilancia de la garantía y seguridad jurídica del proceso, así como nuestro compromiso de seguir adelante con la Cidh”, dijo Pérez.
LA PRENSA intentó comunicarse con Narváez Murillo, pero fue imposible localizarla a los números telefónicos de su casa, oficina y celular.
REACCIONES POLÍTICAS
El presidente del Partido Conservador, Mario Sebastián Rappaccioli calificó la acción de Ortega como una reacción tardía, pero que debería ser seguida por otros que tengan causas pendientes con la justicia.
“Todo líder político del país debería ser transparente como una vitrina ante los ojos del pueblo… si yo hubiera estado en su lugar lo hubiera hecho desde el primer día que se puso esa acusación”, dijo.
Casi en iguales términos se pronunció el diputado liberal Wilfredo Navarro, quien atribuyó la decisión de Ortega a la presión social de diferentes sectores, y vio con desconfianza el acto judicial.
“Es posible que esté todo amarrado con la jueza Juana Méndez, por su actuación en casos anteriores. Me preocupa que el caso esté en manos de esa jueza. Me llama la atención la manera intempestiva en que tomó la decisión y que sea una trama montada para beneficiarlo y dejar impune el delito que cometió contra su hijastra”, dijo Navarro.