La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió la última crisis política del Consejo Supremo Electoral, con una resolución que igualmente fue más política que jurídica.
Como es bien sabido, la crisis política del CSE fue provocada por la violación de los magistrados electorales sandinistas al acuerdo (“pacto de caballeros”) que suscribieron con sus colegas liberales, de que no romperían el quórum del Consejo mientras no concluyeran todas las etapas del proceso electoral, o sea, hasta la toma de posesión del nuevo Presidente de la República y del Vicepresidente, el 10 de enero de 2002. Pero al faltar los magistrados electorales sandinistas a su palabra y firma “de caballeros”, los magistrados liberales proclamaron a los electos el 4 de noviembre, a pesar de que no había quórum en el CSE y, por lo tanto, los cuatro magistrados liberales legalmente no podían tomar esa decisión. De manera que, como lo advirtió certeramente un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, la proclamación de los electos fue un acto “nonato” desde el punto de vista jurídico y legal.
Pero los magistrados electorales liberales no sólo cometieron esa arbitrariedad. También violaron la Ley Electoral al cancelar la personalidad jurídica del Partido Conservador sin respetar el procedimiento; y atropellaron la Constitución al obsequiarle un escaño de diputado suplente al Vicepresidente de la República, doctor Leopoldo Navarro —que éste rechazó, por delicadeza política— a pesar de que el artículo 134 Cn. señala expresamente que el “derecho” a ser diputado propietario y suplente sin haber sido electo por el pueblo, se le reconocerá sólo a quienes en el período anterior ejercieron la Presidencia y Vicepresidencia de la República por elección popular directa, pero el doctor Navarro no fue electo por el pueblo para ocupar ese cargo, sino que fue designado por la Asamblea Nacional.
No obstante, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia —que al igual que toda la Corte y el CSE, está integrada por magistrados pro liberales y pro sandinistas—, no señaló el atropello legal y constitucional ni mandó a reparar el daño causado al Estado de Derecho, sino que adoptó una resolución política para dejar satisfechos a los dos bandos partidistas. Aunque, necesario es reconocerlo, puso fin a una crisis que hubiera podido afectar la toma de posesión de las nuevas autoridades supremas, el 9 y 10 de enero del año entrante.
El gran filósofo ético y jurídico de la antigua Grecia, Epicteto (50-138 D.C.), dejó como un legado para los jueces y magistrados de todos los tiempos y naciones, la honesta y justa recomendación de que: “Cuando hayan de sentenciar, procuren olvidar a los litigantes y acuérdense sólo de la causa”. Pero es evidente que “nuestros magistrados” hacen todo lo contrario, se olvidan del sentido de la causa y sólo se acuerdan de los litigantes, es decir, de los políticos que los nombraron y de sus conveniencias partidistas. En consecuencia, se ha hecho una malsana costumbre sustituir la aplicación del derecho y la recta administración de justicia con las componendas políticas y partidistas.
Y lo peor de todo es que la sociedad se ha acostumbrado a la desmoralización del servicio público y al envilecimiento político del derecho y la justicia. Por eso es que se ha hecho común la expresión cínica sobre los gobernantes, de que con tal de que hagan obras no importa que roben. Lo que en el caso de la solución política que se le dio a la crisis por la proclamación de los electos, equivale a decir que lo más importante era resolverla, y que el cómo es lo de menos.
Pero la nación no puede seguir por ese tortuoso y equívoco camino, que sólo conduce hacia el abismo. A propósito, en julio del año entrante habrá que renovar a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esa sería una excelente oportunidad para llevar a la Corte a un grupo de juristas competentes honestos y ajenos a los partidos políticos, quienes haría un buen contrapeso a los magistrados partidistas, y podría ser el comienzo del saneamiento de la administración de justicia a que se comprometió el presidente Bolaños. Al menos don Enrique tiene la obligación de intentarlo.
