La huelga que un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) realizó el mes pasado, estuvo a punto de forzar la pérdida del semestre lectivo al impedir que por varios días se pudiera impartir clases en esa casa de estudios. Afortunadamente, el conflicto llegó a su fin a tiempo como para que eso no sucediera.
El detonante de la última huelga en la UCA fue el anuncio de un nuevo sistema de asignación de la ayuda estatal acompañado de un alza de matrículas y colegiatura. Como es sabido, el Estado destina un 6 por ciento del Presupuesto General de la República para el financiamiento de la educación superior. Ese 6 por ciento lo recibe el Consejo Nacional de Universidades (CNU), que se encarga de distribuirlo entre varias universidades públicas y privadas. La UCA es una de las privadas, y lo que recibe de fondos estatales le sirve para cubrir el 54 por ciento de su presupuesto de gastos ordinarios.
Bajo el viejo esquema de asignación de la ayuda estatal, la Universidad Centroamericana subvencionaba únicamente algunas carreras, lo que hacía que estudiantes de escasos recursos y de alta capacidad intelectual que estuviesen interesados en carreras no subvencionadas, no pudiesen tener acceso a ellas. Bajo el nuevo sistema, la subvención va dirigida a los estudiantes y no a las carreras. En ese sentido se ha dado un paso en la dirección correcta, ya que es un sistema más justo y equitativo.
No hay duda de que la UCA está realizando un gran esfuerzo por recuperar el prestigio y nivel académico que tenía en los años sesenta y setenta, y que el populismo y demagogia que invadió a todo el sistema educativo de Nicaragua en los años ochenta hizo que se perdiera. La educación gratuita para todos en la época sandinista discriminaba a favor de quienes tenían recursos para pagar, pero que no lo hacían dado el sistema imperante. Pero todavía peor aún, era el hecho de que se daba por sentado que todo el que se bachillerara tenía “el derecho” de ingresar a la universidad gratuitamente, sin que se tomara en cuenta su rendimiento académico, lo cual hacía que los escasos recursos se malgastaran al no establecer una correlación entre beneficio y rendimiento.
Siempre los sistemas populistas que pregonan la gratuidad de los servicios suelen, en un principio, tener un alto grado de aceptación popular, hasta que la realidad se hace presente y demuestra que resultan insostenibles porque no llevan aunados un componente de responsabilidad y rendimiento que hagan que lo gastado sea inferior al beneficio producido. Es lo que sucedió en los años ochenta.
La sociedad nicaragüense ha venido madurando y se ha empezado a dar cuenta de que todo producto o servicio gratuito tiene que ser pagado por alguien, porque después de todo, su producción tiene un costo que alguien tiene que asumir. En el caso de la asistencia estatal a la educación superior, la pregunta que cabe es: ¿se está usando eficientemente el 6 por ciento del Presupuesto General de la República destinado para ese fin? Bajo el sistema actual no es posible darle respuesta a esa pregunta. Creemos que existe una gran burocracia que absorbe una buena proporción de ese porcentaje, por lo que es posible inferir que lo más probable es que el uso del 6 por ciento sea deficiente y que, por lo tanto, debería de buscarse una forma más eficiente de asignarlo.
Por lo pronto, sin embargo, lo menos que puede hacerse —como bien señaló el señor Marcos Membreño Idiáquez, Director de Investigación y Proyección Social de la UCA, en un artículo publicado en nuestra edición del domingo pasado— es obligar a quienes reciben becas de ese 6 por ciento a que, una vez que sean profesionales y estén trabajando, reembolsen “no sólo la totalidad del subsidio que recibieron, sino también un monto adicional en concepto de intereses”. Lo propuesto por el señor Membreño es algo que se aplica en otros países, y sirve para crear un verdadero sentido de solidaridad y de responsabilidad. Una educación superior de alta calidad es fundamental para afrontar la competencia y los retos de la modernidad.
