Carlos Lucas B.
Cuando don Luis Somoza, siendo presidente del Congreso Nacional asumió el poder conforme las leyes, fundó el Instituto Nicaragüense del Seguro Social.
Para entonces, una de las regulaciones del Seguro Social era otorgar a los afiliados los derechos con todos los servicios sociales, brindando atención en sus propios hospitales y farmacias. Al cumplir con sus cotizaciones, los afiliados recibieron su jubilación de acuerdo con el porcentaje de sus salarios, cumpliéndose todas las normas a favor de ellos.
Pero al tomar el poder el partido de las cuatro letras, el patrimonio del Seguro Social fue confiscado convirtiendo a los hospitales en instituciones de servicio público. Entonces, los jubilados del Seguro Social perdieron todos sus beneficios. El nuevo orden impuso que miles de personas ajenas al Seguro Social y que nunca cotizaron un centavo, percibieran ingresos del Seguro. Esta medida estuvo bien, pero los ingresos para estas personas salieron de los ingresos o recursos a los que tenían derecho los jubilados antiguos. Mediante esta medida, lo que se hizo fue reducir los ingresos de los jubilados antiguos para repartirlo entre los ‘nuevos’ jubilados.
Para demostrar cómo funcionaba esto, un jubilado conforme Resolución No. 26223, del año 1983, tenía derecho a un valor real de C$4,062.50 mensuales. Al cambio de diez por un dólar de la época del partido de las cuatro letras, este valor fue reducido a la ridícula suma de C$230 mensuales, valor que nuestro jubilado percibió durante diez años, en una flagrante violación de sus derechos humanos. Hasta el año de 1990 que asumió el poder doña Violeta, su gobierno hizo un ajuste por la suma de C$1,500 mensuales. Lo expuesto es un ejemplo de la manera en que los jubilados han recibido por muchos años menos dinero de lo que les correspondía.
Ahora le toca al nuevo gobierno del Ing. Bolaños, estudiar esta situación de los jubilados que todavía quedamos y que esperamos que en este caso impere la justicia. Esto sentaría un precedente. Daría seguridad a los afiliados actuales de que el dinero que hoy aportan, va a ser revertido en una forma justa y les va a permitir tener el derecho a una vida digna y saludable en el futuro. Para creer que esto va a suceder es necesario que hoy se reconozcan los valores reales a que tenemos derecho los jubilados que por muchos años hemos padecido la injusticia de recibir menos ingresos de lo que nos correspondía.
Quisiera también resaltar aquí algo sobre las obras de caridad. En algún momento doña Hope mandó construir un hospital para niños y la actual primera dama ha hecho una labor social promoviendo la construcción de un recinto para el adulto mayor. La cobertura de servicios de salud para los desamparados es una obra de caridad muy bien recibida por la ciudadanía. Pero la atención a los jubilados y el reconocimiento de sus derechos es hoy por hoy más que una obra de caridad: un acto de justicia.
El autor es contador
