Carlos Alberto Sevilla S.*
I PARTE
INTRODUCCIÓN
En estos tiempos que vivimos, la única constante que existe es el cambio. Prácticamente ningún aspecto del accionar cotidiano de los individuos, empresas, estados —y de los procesos de reforma y modernización de estos últimos— escapa o está inmune al avance de realidades internacionales y nacionales tan aplastantes como la globalización, la movilidad internacional de los factores de producción, la innovación de productos y procesos como factores impulsores del comercio internacional, la creación de ventajas competitivas dinámicas por estados con visión estratégica, los adelantos acelerados en la tecnología informática, el combate a la pobreza extrema, los procesos de integración regionales y continentales, y el surgimiento de una ciudadanía cada vez más vocal, más consciente de sus derechos y más exigente de cara el Estado referente a la cantidad, calidad, costo, acceso y conveniencia de los servicios públicos que recibe de aquel.
En el caso particular de Nicaragua, el proceso de reforma y modernización del Estado y sus instituciones tiene por lo menos siete años de existencia y todavía la mayoría de sus impactos no han sido evaluados formal y sistemáticamente a la luz de los cambios dramáticos que han ocurrido en el entorno internacional y nacional desde 1990. La planificación estratégica del Estado y la prudencia señalan la imperiosa necesidad de llevar a cabo una evaluación global del proceso nacional de reforma y modernización para determinar (I) si el mismo está bien alineado con las prioridades estratégicas del Estado y (II) si nos ayudará de manera efectiva a lidiar con los retos que nuestra economía y sociedad enfrentan de cara al siglo XXI. Con el objeto de aportar un grano de arena a un debate nacional sobre este tema, en este artículo hago una serie de reflexiones sobre los retos que encara el proceso nacional de reforma y modernización (R y M) del Estado.
LOS RETOS
En la actualidad el proceso de reforma y modernización del Estado nicaragüense enfrenta una serie de retos, que de no ser superados adecuada y prontamente, pudieran restarle financiamiento externo, apoyo político, eficiencia e impacto a los programas de R y M.
RETO Nº.1:
Sin lugar a dudas, la debilidad más grande que tiene actualmente el proceso de reforma y modernización del Estado es que todavía no cuenta con una Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa. Es sumamente ingenuo pretender que se puede afianzar la reforma y modernización del Estado y sus instituciones si después de cada administración cortamos de tajo las curvas de aprendizaje técnico y administrativo del personal que labora dentro del gobierno. La aprobación de la Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa debería tener la más alta prioridad en la agenda de la Asamblea Nacional.
RETO Nº. 2:
La reforma y modernización del Estado no es, ni debiera ser un fin en sí mismo. Antes bien es, o debiera ser, un medio para mejorar las vidas de nuestros ciudadanos y la competitividad internacional de nuestras empresas, pequeñas, medianas y grandes. Una reforma y modernización del Estado que se persigue como un fin en sí mismo es un proceso que, tarde o temprano, terminará al servicio de consultores internacionales carísimos y de una tecnocracia que metódicamente buscará sus propios intereses y no los de la nación. De aquí que, desde un punto de vista estratégico, le conviene al Estado identificar los beneficios concretos que la reforma y modernización pretende impartirle a los ciudadanos y empresas nicaragüenses. La ausencia de propósitos estratégicos claramente especificados en los programas de R y M puede llegar a generar ambos, un problema político y un problema gerencial para el Estado. Un problema político porque el Estado está al servicio de la ciudadanía y esta última tiene que percibir y estar convencida de que la reforma y modernización se traducen en políticas públicas coherentes para las empresas, servicios públicos mejorados a costos minimizados para los ciudadanos y en soluciones efectivas a los problemas más apremiantes que encara el país. Por otra parte, la ausencia de propósitos estratégicos concretos constituye un problema gerencial para el Estado, ya que sin ellos no podemos identificar estándares con los cuales evaluar el desempeño de los programas de reforma y modernización, y sugerir cambios, replanteamientos, redimensionamientos y redireccionamientos a dichos programas.
RETO Nº. 3:
El Estado nicaragüense no tiene en la actualidad un Sistema Nacional de Seguimiento de Indicadores de Reforma y Modernización. Esta carencia imposibilita el monitoreo de todos los programas con miras a evaluar su desempeño para mejorarlos, así como para identificar y resolver problemas emergentes de tipo técnico y gerencial. Está de sobra decir que un prerrequisito lógico y cronológico para el establecimiento y funcionalidad de este Sistema Nacional de Seguimiento de Indicadores de Reforma y Modernización propuesto es la especificación clara y detallada de los propósitos estratégicos que persigue el proceso de reforma y modernización del Estado.
RETO Nº. 4:
En los últimos años Nicaragua se ha comprometido con el cumplimiento de un número muy significativo de metas bajo los Acuerdos de Estocolmo, la HIPC, la III Cumbre de las Américas y más recientemente, el Plan Puebla-Panamá. La consecución de estas metas constituye el reto gerencial más importante que haya enfrentado el Estado nicaragüense en tiempos modernos, dados los limitados recursos presupuestarios que enfrenta y las exigencias de coordinación intersectorial que conlleva el cumplimiento efectivo de las metas antes dichas. Es evidente que para poder cumplir con todos estos compromisos calendarizados de la manera más eficiente, al Estado nicaragüense le conviene implementar dos acciones concretas. Primero, adoptar a lo interno, la gerencia pública por metas y objetivos. Esta, aplicada juiciosamente, procura minimizar el costo de producir un determinado volumen de servicios sujeto a un presupuesto predeterminado. En principio, esta optimización debiera permitirle al Estado hacer un uso más eficiente de los créditos externos que actualmente financian su reforma y modernización. Y segundo, crear mecanismos que faciliten la coordinación interinstitucional necesaria para la consecución de las metas priorizadas. Estas consideraciones todavía no han sido planteadas de una manera sistemática por el proceso de reforma y modernización del Estado.
RETO Nº. 5:
Para que puedan materializarse los frutos que se esperan del proceso de reforma y modernización del Estado, aquel tiene que ir acompañado pari passu con la rehabilitación y dinamización de las fuerzas productivas nacionales. La razón de ser de este apareamiento es muy sencilla ya que ¿de qué sirve disminuir los costos de transacción al sector privado a través de la modernización y eficientización de los servicios del Estado, si el sector productivo nacional carece de la tecnología, de los recursos y de un plan de desarrollo de largo plazo para aprovechar y responder a esta disminución en sus costos de transacción? Tan importante como crear las condiciones que atraigan y retengan la inversión extranjera de largo plazo en nuestro país, es la rehabilitación y dinamización del aparato productivo nacional. No olvidemos que el Artículo 98 de nuestra Constitución especifica con claridad meridiana que, “La función principal del Estado en la economía es desarrollar materialmente el país”. Y en este desarrollo, tan importante es la inversión extranjera -por las innovaciones de producto y de procesos y los recursos gerenciales externos que nos trae- como el fortalecer la competitividad internacional de la producción nacional. Si esta última no se fortalece pari passu con la apertura de nuestros mercados, no se necesita ser un genio en economía para intuir, dada la tasa actual de minidevaluaciones, aumentos insostenibles en las importaciones que, además de frenar el crecimiento del PIB, disminuyen también el crecimiento del empleo nacional y fomentan la emigración.
RETO Nº. 6:
Existe dentro del Poder Ejecutivo una multiplicidad de programas y proyectos de reforma y modernización sin ninguna comunicación entre sí. Debido a esto, ha sido imposible que el Estado internalice las valiosas experiencias acumuladas por los programas de reforma y modernización sectoriales. Como consecuencia, el proceso de reforma y modernización no ha estado acompañado por un proceso paralelo de autoaprendizaje nacional. Han sido imposible hasta el momento (I) la comparación sistemática de experiencias entre componentes semejantes de diferentes programas, así como (II) un análisis comparativo del desempeño global de todos los programas con miras a identificar factores comunes de éxito o fracaso programático, la extracción de lecciones aprendidas y su difusión al resto del Estado y de la sociedad.
* Secretario Ejecutivo Comité Ejecutivo para la Reforma y Modernización de la Administración Pública Vicepresidencia de la República.
