Néstor Avendaño*
Soy bastante pesimista frente a la “desaceleración económica inercial” que afecta a Nicaragua desde el primer trimestre del 2000, y que se mantendrá, en el mejor de los casos, hasta el tercer trimestre del 2002, cuando se cosechen los granos básicos de la “siembra de primera”, si es que la naturaleza nos permite hacerlo en buena forma. Además, esa inercia podría transformarse en “depresiva” porque no sólo los Estados Unidos están entrando a una recesión, sino que Japón ya está en recesión y la zona del euro ya tiene una fuerte desaceleración económica y una creciente tasa de desempleo.
Restablecer y potenciar el ánimo inversionista del sector privado en Nicaragua pasa primero por soluciones políticas y no económicas. Es imperativo volver a invertir en Nicaragua, para crear empleos, elevar la competitividad empresarial, incrementar las reservas internacionales sobre la base de las exportaciones y aumentar los ingresos tributarios sobre la base de una mayor producción.
Entre las tareas políticas que estimularían a la inversión sobresalen la solución definitiva del problema de la propiedad en conflicto, que ya tiene una duración de doce años; el fortalecimiento de la certeza jurídica en el país, para imprimir más confianza y seguridad a las personas naturales y jurídicas; la despartidización y el fortalecimiento de las instituciones estatales, entre las cuales se destacan la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República, la naciente Superintendencia de Pensiones de Seguridad Social y el Banco Central, con el fin de reducir la incertidumbre entre los agentes económicos; y no dar tregua a la corrupción, no sólo a la futura sino también a la que todavía “existe” antes que prescriba por los términos de la ley. Estoy muy seguro que una principal fuente de financiamiento de la lucha contra la pobreza humana en Nicaragua es la del acervo público que ilícitamente aún se encuentra en manos privadas.
Es necesario que las empresas y el gobierno aúnen esfuerzos en la educación técnica de los jóvenes, para elevar la productividad y el bienestar social. Pero esto demanda la creación de un entorno más amigable para los empresarios, que resienten los altos costos financieros, la alta carga tributaria y las elevadas tarifas de los servicios públicos. Si en las próximas discusiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno recibe la sugerencia de aumentar más impuestos, será fácil demostrar que el cobro de más impuestos crea más desempleo en el mediano plazo y esto reduce más la recaudación tributaria futura. Más bien, la tarea es reducir y reestructurar el gasto público a favor de los pobres, para dar más espacio al inversionista privado. Al gobierno del Ing. Bolaños le conviene hacer saber a los empresarios que la tarea de crear puestos de trabajo permanentes será muy apreciada, porque es la única vía efectiva para reducir nuestro amplio límite de la pobreza.
Pero en un país pobre y muy endeudado como Nicaragua, la confianza del inversionista también depende del establecimiento y el cumplimiento de un nuevo programa económico con el FMI. Y el rumbo que ha tomado el acuerdo interino con el FMI para el segundo semestre de este año no está facilitando la transición de una política económica ordenada ni la formulación de un nuevo programa económico al gobierno del Ing. Bolaños.
En ese acuerdo interino, la principal meta macroeconómica supervisada por el FMI es el aumento de US$50 millones en las reservas internacionales. Tratando de “aparentar” el cumplimiento de esa meta, el Banco Central de Nicaragua coloca bonos en moneda extranjera en la banca comercial del país: los bancos compran esos bonos con los fondos del encaje legal en dólares a finales de cada trimestre y la banca central se los paga en el transcurso de la primera semana del siguiente trimestre. Por otro lado, los US$35 millones entregados por el BID, de los US$80 millones programados para este segundo semestre, destinados al aumento de las reservas ya se esfumaron y el Banco Central, ante su crítica situación de iliquidez de recursos externos, ya vendió, con opción de recompra, 15,000 onzas troy de oro de las 16,390 que registraban sus reservas brutas.
Esta crítica situación de las reservas de la banca central pone en riesgo la libre convertibilidad en la próxima administración pública. Al 8 de noviembre de 2001, las reservas internacionales brutas de la banca central sumaban US$249 millones y acusaban una caída de US$247 millones en el año. Pero entre esas reservas, se contaban US$172 millones del préstamo del FMI, el cual es intocable porque es destinado exclusivamente a fortalecer la posición de las reservas de un país pobre muy endeudado, y US$144 millones de los depósitos de encaje en dólares de la banca privada.
La suma de los últimos dos montos, US$316 millones, al ser comparada con el saldo de las reservas internacionales brutas antes mencionado, ayuda a explicar que la banca central ha usado US$69 millones de los depósitos de encaje de la banca privada para financiar el pago de la deuda externa pública y la demanda de divisas del sector privado asociada con las importaciones y con el pago importante de los Certificados Negociables de Inversión en los últimos meses de este año. En otras palabras, las reservas internacionales netas propias de la banca central, calificadas como “ajustadas” por el FMI, son negativas en el nivel de US$69 millones a la fecha arriba indicada.
También se conoce que, a diciembre del 2000, la condicionalidad sobre el saldo de las reservas internacionales brutas señalada por el FMI, excluyendo los recursos de la privatización de las empresas públicas, fuese igual a 3.9 meses de importación CIF del 2001. Al 8 de noviembre recientemente pasado, se registraba un remanente de US$48 millones de los US$115 millones entregados en octubre del 2000 por Unión Fenosa debido a la privatización de las líneas de distribución de Enel. Así, las reservas brutas menos ese remanente es igual a 1.5 meses de importaciones CIF, bastante alejada de la condicionalidad señalada por el FMI.
Es fácil, pues, concluir, que la estabilidad macroeconómica de nuestro país es frágil, yo diría “ficticia”, porque las reservas internacionales, al no poder basarse en un esfuerzo exportador, se amparan en más deuda externa y en un elevado endeudamiento interno, realizado mediante la emisión de Certificados Negociables de Inversión (Cenis) y de Títulos Especiales de Liquidez (Tels) de la banca central. Esta deuda de corto plazo en concepto de emisión de Cenis y Tels, relacionada con la posición de las reservas brutas de la banca central, sumaba un monto equivalente a US$148 millones y a 60% del saldo de dichas reservas.
La política monetaria restrictiva no ha sido adecuada para enfrentar el problema del crecimiento económico y la creación de empleo en el país, y ha cumplido a medias su objetivo de “mantener una tasa de inflación baja y estable y contribuir al pleno empleo” al ser desviada al rescate de bancos quebrados fraudulentamente. Por lo tanto, el manejo de una política monetaria pro-productiva y pro-pobre adquiere una gran importancia en la próxima discusión técnica y política de las autoridades nacionales y la misión técnica del FMI. Y no debería ser sólo una discusión entre el gobierno y el FMI, sino entre el gobierno y la Sociedad Civil de Nicaragua con el FMI.
El Ing. Bolaños prometió la creación de puestos de trabajo, creo que puestos de trabajo permanentes porque la nación comenzará a implementar una estrategia de reducción de la pobreza en su primer año de gobierno. Con un 50% por ciento de la población nicaragüense que tiene un ingreso per cápita diario de un dólar o menos, la continuación de la actual política monetaria restrictiva sería inadecuada porque el Estado no tendría iniciativa para estimular la creación de empleo, la inversión productiva y las exportaciones, en fin no podría hacer funcionar a la economía de mercado.
El gabinete de economistas del gobierno del Ing. Bolaños tiene, pues, el reto de construir el puente que una al Programa “Servicio del Crecimiento y de la Reducción de la Pobreza” (antes conocido como ESAF) supervisado por el FMI, con la Estrategia de Reducción de la Pobreza, supervisada por el Banco Mundial.
* Economista
