- Magistrados sandinistas presionan para que sea el tema principal en la reunión de hoy de la Sala Constitucional
Ary Neil Pantoja [email protected]
Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se reunirán hoy para discutir el caso de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), aunque algunos rechazan que la misma sea específicamente para abordar ese tema que provocó una crisis y mantuvo paralizado al Poder Judicial el pasado mes de octubre.
El presidente de la sala, magistrado Guillermo Selva, envió una circular interna a sus colegas para solicitarles la suspensión temporal de la reunión hasta el próximo miércoles 14 de noviembre; sin embargo, ayer revocó esa solicitud y convocó a reunión“con carácter de urgencia” para hoy viernes.
El doctor Rafael Solís dijo que, en principio, aceptaron la solicitud de Selva y luego la revocación de la misma. Solís expresó su esperanza de que el presidente de la sala incluya el caso de Enitel en la agenda de la reunión, y no descartó que presionarán para que eso ocurra.
Insistió en la necesidad de anular las resoluciones 162 y 161 de la Sala Constitucional, por considerar que fueron tomadas al margen de la legalidad por la anterior presidenta de sala, magistrada Josefina Ramos. Las mismas liberan la venta de Enitel y anulan cualquier recurso que introduzca el alcalde de Managua, Herty Lewites, o cualquier otro ciudadano.
CERRAR LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Por otra parte, Solís es de la opinión de “cerrar” la Sala de lo Contencioso Administrativo pues, según dijo, los magistrados liberales se oponen a discutir los recursos que introdujeran ante la misma decenas de ciudadanos y varios organismos en contra del incremento en las tarifas del servicio de agua potable.
NO QUIEREN DISCUTIR RECURSOS
Ayer estaba prevista una reunión de la sala, pero según Solís, los magistrados liberales se oponen a discutir sobre los recursos contra las tarifas del agua por considerar que tales recursos debieron introducirse ante la Sala Constitucional. “Si no funciona (la sala) y (los magistrados liberales) quieren introducir una reforma a la Ley de lo Contencioso, entonces es mejor cerrar la sala”, dijo Solís.
Agregó que no ve ningún interés de parte del gobierno en que se abran más salas en otros departamentos del país, y que si hay planes para hacerlo, éstas deberán funcionar con el financiamiento internacional “pues el gobierno no ha dado el dinero y en el presupuesto para el próximo año no aparece una partida presupuestaria para la sala”, señaló.
