- Civiles participantes en desalojo hicieron averías sin que oficiales lo impidieran
Janelys Carrillo Barrios [email protected]
POCHOMIL, SAN RAFAEL DEL SUR.-Vecinos del desmantelado restaurante El Lagarto Viejo, criticaron la actuación de la Policía de San Rafael del Sur, que la tarde del viernes presuntamente permitió el vandalismo desatado por supuestos pandilleros contra la comerciante Emilia Gómez Mejía.
Ese día, la jueza Ruth Chamorro desalojó del local a Gómez Mejía, pero un grupo de casi veinte civiles que le acompañaba fue más allá y destruyó sillas, mesas y mobiliario domiciliar, así como los ranchones anexos al restaurante que operaba hace 35 años.
Según testigos, entre ellos los directivos de la Cooperativa de Servicios Turísticos de Pochomil, Carmen Pérez y Marvin Peralta, ni la jueza ni un grupo de seis policías que inicialmente se presentaron al lugar impidieron la destrucción y saqueo del establecimiento.
Roxana Rocha, jefa de la Policía en San Rafael del Sur, encargada de garantizar la seguridad de la judicial, declaró que un primer grupo de oficiales se limitó a cumplir con el mandato de Chamorro, cuyos acompañantes ella desconocía si eran pandilleros o no y si robaron o no.
VANDALISMO
Los vecinos precisaron que ante la impotencia de doña Emilia, los presuntos pandilleros se tomaron las gaseosas y otros productos, al tiempo que forzaron los roperos de donde se llevaron alhajas y cinco mil dólares en efectivo.
Así mismo, denunciaron que tres civiles asignados para impedir que la comerciante volviera a ocupar el local manipularon armas y amenazaron a los vecinos.
La jefa policial indicó que la exaltación de los habitantes de Pochomil que se presentaron a respaldar a la afectada por el desalojo, obligó a elevar a veinte el número de efectivos, incluida ella, pero “cuando yo llegué todo estaba en el suelo y armas no vimos… yo no me puse a revisarlos (a los civiles armados)”.
POLICÍAS CIEGOS Y SORDOS
Rocha no explicó cómo si inicialmente un grupo de seis policías acompañó a la jueza, no impidieron que los presuntos pandilleros destruyeran los pilares de madera de los ranchones de palma, y las sillas y mesas en que se atendía a los clientes.
Los testigos del hecho violento indicaron que los delincuentes pretendían incendiar los ranchos para facilitar su destrucción, ya que desmontarlos requería más tiempo y esfuerzo.
El desalojo ejecutado por Chamorro es el resultado de un juicio promovido por Frank Mena Marenco, candidato a diputado del Parlamento Centroamericano por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
El político liberal reclama como suyo el terreno del restaurante, aunque doña Emilia lo ocupa desde hace 35 años y en 1997 suscribió un contrato de arrendamiento con el Instituto de Turismo (Intur), el cual vence hasta el próximo año.
