Cárcel a saboteadores

Presidente del CSE amenaza con encarcelar y enjuiciar a funcionarios que participen en “boicot de la prueba de transmisión de datos” Su colega José Miguel Córdoba rechazó acusaciones de Rivas y la petición a la Policía porque no ha sido aprobada por el CSE en pleno Consuelo Sandoval [email protected] El presidente del Consejo Supremo Electoral […]

  • Presidente del CSE amenaza con encarcelar y enjuiciar a funcionarios que participen en “boicot de la prueba de transmisión de datos”
  • Su colega José Miguel Córdoba rechazó acusaciones de Rivas y la petición a la Policía porque no ha sido aprobada por el CSE en pleno

Consuelo Sandoval [email protected]

El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, confirmó ayer la solicitud al jefe de la Policía, Edwin Cordero, de capturar a cualquier funcionario de ese Poder del Estado que no asista a la última prueba de transmisión de datos, prevista para mañana desde los Centros de Cómputos Municipales (CEM), de todo el país.

“Me da la impresión de que se está queriendo dar constancia de que el sistema de transmisión no funciona, para tratar de retrasar el envío de resultados electorales hacia el Centro Nacional de Cómputos. Me molesta y me preocupa que he sentido que hay boicot de parte de funcionarios que de manera deliberada están obstaculizando el proceso de transmisión”, dijo Rivas.

No participar deliberadamente en las pruebas de transmisión constituye un delito electoral, y Rivas anunció que promoverá procesos penales contra todo aquel que no se presente a la prueba.

Según el Presidente del CSE, el ánimo de boicotear las transmisiones tendría la intención de retener los datos electorales en los CEM para evitar su publicación, lo que podría provocar desorden ciudadano y de funcionarios electorales.

Desde algunos municipios no se han realizado las pruebas de transmisión de datos, porque sus funcionarios no acudieron, presuntamente por falta de coordinación con las instancias nacionales, fallas técnicas, o porque las líneas telefónicas son sumamente débiles, entre otras justificaciones.

Aclaró, sin embargo, que no acusa a ninguno de los dos partidos políticos que controlan las estructuras del CSE.

MAGISTRADO CÓRDOBA SE DA POR ALUDIDO

Por su parte, el magistrado José Miguel Córdoba, discrepó de la posición de Rivas y desaprobó su decisión de capturar y enjuiciar a los posibles saboteadores, considerando que no se les ha comprobado ningún delito.

“Es una apreciación muy personal, la mía no es ésa, porque para mí los funcionarios han trabajado con todo entusiasmo y optimismo para este proceso, incluso le decía yo que me sentía aludido como responsable de esta área. La cuestión es que a veces falla la coordinación y algunos aspectos técnicos como lluvias, falta de energía, líneas débiles y nos se los podemos achacar a nuestros técnicos”.

Aseguró que si existiera algún funcionario que pretenda boicotear las transmisiones, él estaría de acuerdo en que se le destituya.

Córdoba negó que exista un conflicto interno en el CSE, pero cuestionó la decisión de Rivas porque lo hizo de manera personal, ya que todavía no había sido discutida por el pleno del CSE.

Admitió que desde los municipios de El Jícaro, en Nueva Segovia; Villa el Carmen y Ciudad Sandino, y ciertos municipios de Chontales, nunca se ha podido transmitir, pero por problemas técnicos.

¿QUIÉN ESPÍA A QUIÉN?

Rivas anunció que pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) la realización de una auditoría al sistema telefónico del CSE, ante la denuncia que formuló el magistrado sandinista José Luis Villavicencio sobre un supuesto espionaje telefónico.

El Presidente del CSE rechazó la denuncia y más bien argumentó que sus conversaciones con otros magistrados han sido escuchadas por terceros.

“Te puedo garantizar que un magistrado en un momento determinado me puso en un speaker, a fin de que las personas con las que estaba reunido, escucharan la comunicación que tenía con él”, dijo Rivas.

Explicó que ese servicio se lo solicitó a la Policía y al Ejército, sin embargo, sus autoridades le comunicaron que no tenían capacidad técnica para realizarlo.

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