María Marvis Jirón
Los candidatos que compiten en la campaña electoral no han asumido compromiso alguno con las demandas históricas de las mujeres. Los discursos de los partidos están construidos desde una visión esencialmente masculina y alejados de las necesidades de las mujeres. No hay planteamientos específicos y podemos afirmar que ninguno de los tres candidatos representa algún interés de las mujeres.
En el proceso electoral no se demuestra interés en elevar, más allá del ejercicio del voto, la participación de las mujeres en la vida política, un contrasentido, pues las mujeres constituimos algo más de la mitad de la población del país y casi un 45 por ciento de la población activa.
La participación de las mujeres en la política no alcanza la presencia suficiente para incidir en la toma de decisiones. Así, muchas de las decisiones que afectan nuestras vidas, como las relacionadas con la educación, la vivienda, la salud, el crédito o el empleo, las toman funcionarios o grupos no electos popularmente, y sobre quiénes las personas comunes, particularmente las mujeres, no tenemos control alguno.
La pretendida igualdad jurídica entre hombres y mujeres establecida en los artículos 27 y 48 de la Constitución, se queda sólo en una pretensión.
Fue con la Constitución de 1974 donde se reconoció a las mujeres su derecho a votar y ser electas; pero hasta 1987, debido a las demandas de las nicaragüenses, se reconoció en la Constitución Política la igualdad absoluta de derechos de las mujeres en relación con los hombres.
Sin embargo, estos derechos reconocidos a las mujeres carecen de mecanismos para hacerlos efectivos en igualdad con los hombres, debido a causas sobre todo culturales y porque el sistema de democracia formal excluye en la práctica a las mujeres de los espacios de poder y de toma de decisiones.
En el ámbito político público, la participación de las mujeres en el Gobierno y otros poderes del Estado no es proporcional a sus niveles de representatividad demográfica y socioeconómica. En los partidos políticos hay un elevado número de mujeres pero su presencia en los órganos de dirección es limitada.
En la legislatura que va a finalizar no hay representación significativa de mujeres pues tan sólo 10 diputadas propietarias integran la Asamblea Nacional de un total de 92 diputados; además, no se ha aprobado ni una sola ley de carácter social que haya beneficiado a las mujeres.
Sin embargo, en el Poder Judicial ha habido un incremento de mujeres. Por ejemplo en Managua, el 90 por ciento de jueces son mujeres. Esta proporción disminuye en los casos de cargos a la Magistratura de los Tribunales de Apelación y de la Corte Suprema.
Entre las principales causas de esta escasa participación, podemos resaltar que el sistema electoral actual concibe el acceso al poder político sólo a través de las elecciones y por la vía de los partidos políticos, que tradicionalmente han sido espacios controlados por hombres.
Debido a esto, las mujeres prefieren participar a través de estructuras alternativas, sobre todo en el sector de ONG, o en espacios locales o comunales, como promotoras de salud, en redes de defensa de derechos o en iniciativas de economía popular.
Por otra parte, la desigual división del trabajo y de las responsabilidades domésticas, que es fruto de unas relaciones de poder así mismo desiguales, limita a las mujeres la posibilidad de encontrar tiempo para adquirir los conocimientos necesarios y participar en la toma de decisiones en foros públicos amplios.
La sociedad no puede permanecer apática ante el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, que enfrentan obstáculos para participar e incidir en los asuntos públicos del país y tienen que ser otros, en general hombres, los que decidan por ellas.
Abogada, Catedrática de Derecho de la UCA, presidenta de la Asociación ANFAM-IXCHEN
