Ary Neil Pantoja [email protected]
El procurador de Derechos Humanos, Benjamín Pérez Fonseca, informó que la observación electoral que realizaría la instancia bajo su cargo el próximo cuatro de noviembre podría suspenderse ante la falta de los recursos financieros que requieren para tal actividad; además de externar su preocupación por la reducción del presupuesto a la Procuraduría para el año 2002.
Pérez señaló que la asignación presupuestaria de 13 millones de córdobas, incluida en la Ley de Régimen Presupuestario para el próximo año, representa en términos reales, una reducción para la Procuraduría, “por cuanto es la misma que se nos dio este año, y ya para el 2002 ese presupuesto será menor al momento de ejecutarse”.
Aunque la Procuraduría aún no ha tomado una decisión definitiva, el Procurador dijo que la próxima semana presentarán a las autoridades del Consejo Supremo Electoral una propuesta para que este poder del Estado les ayude a financiar la observación electoral que ya estaba planificada y que por falta de recursos podría suspenderse.
“La verdad es que no tenemos dinero, y si el Consejo Supremo Electoral no acepta nuestra propuesta, simplemente no vamos a participar como observadores electorales. Ahora nos recortan el presupuesto. Ya no sé qué vamos a hacer”, expresó el procurador Pérez, quien no descartó la posibilidad de cancelar diferentes programas y suspender varios proyectos de la Procuraduría.
PROCURADURÍA DE MANAGUA
Pérez se quejó de que la Procuraduría ha disminuido su capacidad y su radio de acción en la defensa y protección de los Derechos Humanos de los nicaragüenses. “Esta Procuraduría se ha convertido en una defensora de los Derechos Humanos de los ciudadanos de Managua. Debería llamarse la Procuraduría de Managua”, dijo Pérez.
El Procurador señaló que ya ni para la gasolina tienen, para movilizarse a los departamentos a realizar las investigaciones cuando vienen denuncias de lugares alejados, por lo que el trabajo han tenido que disminuirlo. Agregó que la institución ha enfrentado amenazas de corte de los servicios de luz, agua y teléfono, debido al retraso en la entrega de los desembolsos presupuestarios por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.