Janelys Carrillo Barrios [email protected]
La reciente reforma a los Artículos 26 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 260), por parte de la Asamblea Nacional, constituye una confiscación a la seguridad jurídica de los nicaragüenses, valoró Bayardo Izabá, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Izabá expresó que la modificación del sistema para hacer quórum y emitir resoluciones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la mayoría simple de sus magistrados, es “un golpe más del Ejecutivo contra la institucionalidad, estabilidad e independencia del Poder Judicial”, y particularmente de los jueces.
Con la reforma, agregó el jurista, los ciudadanos quedan desprovistos de la garantía constitucional de la tutela de sus Derechos Humanos, y, por ende, de recurrir de amparo o por inconstitucionalidad cuando sientan que los mismos han sido vulnerados.
Como se sabe, la bancada liberal junto a los minoritarios aprobaron la reforma a la Ley 260, que ahora permite a la CSJ emitir sentencias no con las tres cuartas partes del total de sus miembros, sino con la mitad más uno.
De esa manera, la CSJ puede ahora nombrar o destituir jueces sin mayor consenso, y aprobar o rechazar recursos de amparo o por inconstitucionalidad en dependencia de los intereses del partido de sus magistrados, indica el funcionario del Cenidh.
“Es grave lo que está pasando desde la perspectiva de los Derechos Humanos, los diputados nos han agredido y confiscado nuestra seguridad jurídica, contraviniendo el Artículo 158 de la Constitución Política de Nicaragua que dice que la justicia emana del pueblo y será impartida en su nombre y delegación por el Poder Judicial”, dijo Izabá.
JURISTAS CRITICAN FALLO ENITEL
Y mientras las organizaciones civiles se pronuncian contra la reforma a la Ley 260, la Asociación Americana de Juristas adscrita a las Naciones Unidas, condenó la actuación de los magistrados liberales miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua, en relación con el caso Enitel.
Al mismo tiempo, hizo votos “para que sean revocadas las decisiones anómalas” tomadas en dicha Sala.
La organización internacional indica que lo ocurrido “es más grave por cuanto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en dos ocasiones relativa al caso se integró con jueces ad hoc, desplazando a magistrados de la propia Sala por virtuales presiones del Poder Ejecutivo, contrariando la independencia externa de los tribunales, y provocando una crisis institucional interna”.
