Martha Danelia Corea [email protected]
Nicaragua estableció oficialmente, con apoyo del Banco Mundial, un nuevo sistema de intranet de gobierno, el cual aumentará drásticamente la transparencia y eficacia de las transacciones y registros de datos financieros del gobierno, además de reducir sus costos, informaron las autoridades del organismo.
“Ésta es la base sólida sobre la cual Nicaragua podrá construir sus iniciativas de gobierno electrónico en el futuro”, declaró Ulrich Lächler, representante del Banco Mundial en Nicaragua a través de una nota enviada a la sala de redacción.
Ronald Myers, especialista del Banco Mundial en gestión pública, explicó que este sistema integrado de gestión financiera basado en intranet, proporcionará información detallada sobre el gasto de inversión fiscal, pero al mismo tiempo, dijo, representará un avance significativo en la infraestructura de telecomunicaciones nicaragüenses, lo que, a su juicio, “será un enorme beneficio para los ciudadanos y los inversionistas privados”, agrega la nota.
“Muy pronto los gestores de políticas y el público en general contarán con un sitio web donde se presentará información en tiempo real sobre el cumplimiento de los presupuestos”, indicó Myers.
Según la información, nueva red de telecomunicaciones permitirá que Nicaragua controle los gastos fiscales, incluida la utilización de los fondos liberados por el alivio de los pagos relacionados con el servicio (intereses) de la deuda otorgados en el marco de la iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC).
Además, le permitirá al gobierno contar con correo electrónico, sistema de correo de voz, de transmisión de datos y videos.
“En el marco del SIGFA, en enero del2002 todos los organismos centrales del gobierno estarán en línea, con enlaces desde la capital hacia los cinco centros regionales del país, y usando modernas políticas y procedimientos presupuestarios, de contabilidad y de gestión de caja”, dijo Ulrich Lächler.
La red tuvo un costo aproximado de 2 millones de dólares y se financió en el marco de un crédito de desarrollo institucional del Banco Mundial por 23 millones de dólares aprobados en 1995 para modernizar el sector público.
