- Magistrados dicen que desconocerán lo actuado por la Sala Constitucional, y magistrada Josefina Ramos expresa que no revoca sentencias
Janelys Carrillo Barrios [email protected]
Las posiciones de fuerza dentro de la Corte Suprema de Justicia se afianzaron ayer, cuando los magistrados insubordinados reiteraron que seguirán desconociendo la autoridad de la presidenta de la Sala Constitucional, Josefina Ramos, mientras ésta aseguró que las sentencias 161 y 162 son válidas y por tanto no las revocará.
Por su parte, la vicepresidenta de la CSJ, Yadira Centeno, y los magistrados Rafael Solís, Francisco Rosales, Marvin Aguilar y Alba Luz Ramos mantuvieron su posición de que lo ocurrido es una atrocidad jurídica, “un irrespeto para nuestra investidura y un insulto para Nicaragua”.
Ramos dijo que “es legítimo reunir a los magistrados que fallaron la sentencia 162 porque fueron los mismos que emitieron la 161”, afirmación que los magistrados insubordinados rechazaron porque, según dijeron, eso sólo opera para los casos en que los magistrados celebran “vistas”.
“El artículo 224 del Código de Procedimiento Civil se refiere a las vistas (exposiciones orales), no tiene que ver con un recurso de reposición y menos con una recusación”, reiteró el magistrado Rafael Solís.
CORTE DEBE RESOLVER CONFLICTO
Directivos de asociaciones jurídicas y de Derechos Humanos, consultados por LA PRENSA, opinaron que el conflicto político que abate a la Sala Constitucional debe ser resuelto por sus 16 miembros en conjunto, y eso pasa por la anulación de las sentencias 161 y 162, y la no intervención de otros poderes del Estado.
Aunque para la mayoría de juristas consultados, la magistrada Josefina Ramos debe enmendar su error de emitir sentencia con sus colegas liberales que no integran la Sala Constitucional, el ex magistrado de la CSJ, Mariano Barahona, opinó que “ese fallo no tiene vuelta de hoja, y aun con sus defectos y debilidades no puede modificarse”.
Para Javier Pérez, subdirector del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la única forma de terminar con la crisis es que la CSJ en pleno ponga el orden en su propia casa, y empiece por debatir y revisar las ilegalidades en que la Sala Constitucional ha incurrido.
“Si queremos encontrar el camino del Derecho esos fallos deben revocarse, todo lo actuado es reflejo de la pérdida de la independencia del Poder Judicial… en cualquier país, una actuación como la de la doctora Ramos daría pie a la destitución, pero aquí no existe una norma constitucional que fije las causales de destitución en el caso del presidente de una sala”, dijo Pérez.
ASAMBLEA NO DEBE INTERVENIR
Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados de Nicaragua (Asanic), Heberto Orozco, indicó que los 16 magistrados de la CSJ, perfectamente pueden revocar los polémicos fallos de la Sala Constitucional, con base en los preceptos legales que fueron violados.
Agregó que la Asamblea Nacional no puede intervenir en la crisis porque éste es un problema de orden legal, y el encargado de las leyes según su materia es únicamente la CSJ.
En tanto, el doctor Barahona manifestó que lo ocurrido en el máximo tribunal obedece a que hay magistrados que pretenden perdurar en sus puestos, y eso favorece que se plieguen a las estructuras de poder.
En cuanto a la imposibilidad de revocar los fallos, aseguró que Nicaragua no tiene un Tribunal Constitucional que revise las sentencia de la CSJ, y, por tanto, la Sala Constitucional no tiene “un superior”.
Alvaro Ramírez, presidente de la Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua (AJDN), manifestó que esa organización prepara un comunicado en el que planteará su posición frente a la crisis judicial, pero adelantó que de ninguna manera, ni la Asamblea Nacional ni otro poder del Estado debe intervenir en el conflicto.
