Paralizan juicio por desacato contra Enitel

Jueza se declara incompetente ya que CSJ deberá resolver Recurso de Amparo Janelys Carrillo Barrios [email protected] La Jueza Segundo de Distrito del Crimen de Managua se declaró incompetente para seguir instruyendo el juicio por desacato promovido por el concejal Pedro Pablo Aguilar Arriola contra cuatro directivos de Enitel, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) […]

  • Jueza se declara incompetente ya que CSJ deberá resolver Recurso de Amparo

Janelys Carrillo Barrios [email protected]

La Jueza Segundo de Distrito del Crimen de Managua se declaró incompetente para seguir instruyendo el juicio por desacato promovido por el concejal Pedro Pablo Aguilar Arriola contra cuatro directivos de Enitel, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene pendiente de resolver un Recurso de Amparo sobre la misma materia.

La resolución de la jueza Ileana Pérez consigna que siendo que esta acción nace de hechos objeto de un Recurso de Amparo, ella no puede conocer de la misma para no contravenir lo hasta hoy resuelto por las autoridades superiores.

Como se sabe, la Sala Constitucional de la CSJ analizará hoy si al licitar el 40 por ciento de las acciones de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) la Junta Directiva desacató una resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua que la había mandado a suspender.

Es decir, el máximo tribunal de justicia ya está conociendo del hecho, y cualquier resolución de la judicial podría transgredir una eventual decisión que se tome en torno al caso, el cual fue promovido ante esa instancia por el alcalde Herty Lewites, cuando pese al fallo del 31 de agosto, los directivos de Enitel encabezados por Salvador Quintanilla asignaron la empresa a una telefónica sueca.

Fue por esa razón que el concejal Aguilar Arriola denunció por desacato ante los tribunales a Quintanilla, René Herrera, Esteban Duque Estrada y Agustín Alemán.

El fundamento jurídico de Pérez para suspender el juicio invoca la Constitución Política de Nicaragua, la cual establece que todo procesado tiene derecho a no ser sustraído del juez competente, en este caso la Sala Constitucional de la CSJ.

LA PRENSA no pudo conocer la opinión del concejal Aguilar Arriola porque en su oficina informaron que no se encontraba.  

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