- Autoridades del Triángulo Minero dicen que podrían procesar a quienes corten leña en áreas protegidas
Heberto Jarquín M./[email protected]
BONANZA.- El Concejo y la Comisión Ambiental Municipal de Bonanza, externaron su preocupación por la presencia de madereros furtivos e inmigrantes de otras regiones que se han asentado en la Reserva Forestal de Cola Blanca.
El profesor Alfredo Moreno, vicealcalde de Bonanza y presidente de la Comisión Ambiental Municipal, informó que no tolerarán invasiones a las áreas protegidas, especialmente en Cola Blanca y Bosawás. Todas aquellas personas que se aventuren a cortar madera en las reservas forestales, lo harán al margen de la ley y tomaremos medidas contra ellas, inicialmente procederíamos a decomisarles la madera y después los llevaríamos a juicios”, advirtió.
Moreno informó que recientemente se reunieron en Bonanza el viceministro de Recursos Naturales y el Ambiente (Marena), Randolph Hodgson, la doctora Josefa Balladares, asesora legal territorial de Marena; Gregorio Lino alcalde de Bonanza y otras autoridades, con el fin de analizar la situación de la Reserva de Cola Blanca y buscar una solución a los problemas relacionados con la explotación de madera en esta reserva.
Según Moreno, en el cónclave se cuestionó a la Procuraduría Ambiental “se han declarado incapaces de defender los intereses del Estado en lo que concierne a la defensa de las áreas boscosas protegidas”, denunció el vicealcalde.
En la reunión acordaron delimitar el área protegida de Cola Blanca para lo cual el Marena apoyará a la Comisión Ambiental Municipal de Bonanza que será la encargada de rotular los límites de esa reserva forestal.
AMBIENTALISTAS PREOCUPADOS
Ecologistas del Triángulo Minero externaron su preocupación por el deterioro del entorno natural y la indolencia de las instituciones gubernamentales ante esta situación.
Ernesto Aguirre Vargas, del Movimiento de Jóvenes Ambientalitas de Rosita, dijo a LA PRENSA, “al gobierno de turno le queda poco tiempo en el poder y por eso los funcionarios de Inafor y Marena no han mostrado interés en hacer que se respeten las leyes forestales. En la Región Autónoma del Atlántico Norte hay unas 30 empresas madereras ilegales”.