- Ediles de El Tuma-La Dalia, San Ramón y Matagalpa no han levantado demandas judiciales
Celso Martínez Orozco/Corresponsal [email protected]
MATAGALPA.- “En ningún momento hemos entablado embargo contra los productores de café que deben impuestos de bienes inmuebles a la Alcaldía, pero sí se mantienen los cobros a los hermanos Centeno Roque de AGRESAMI y a ciertas comercializadoras que se han negado a pagar los correspondientes impuestos a la Tesorería Municipal”, expresó Manuel Román Zúniga Laguna, alcalde municipal de El Tuma-La Dalia.
En iguales términos se expresaron Raúl Antonio López Dávila y Sadrach Zeledón Rocha, alcaldes de San Ramón y Matagalpa, respectivamente.
“Estamos conscientes de los problemas que viven los productores y hemos hablado con ellos expresándoles que hagan arreglos de pago, pero en ningún momento hemos entablado demandas judiciales contra ellos”, expresaron los ediles.
En el caso de La Dalia, tanto el jefe de la Comuna como los concejales en su última sesión realizada a inicios de este mes, acordaron bajar sus salarios y dietas y con los empleados rotar sus vacaciones, de tal manera que pese a que se deben 5 quincenas de salarios a los empleados municipales, éstos han aceptado la política de descansar sus vacaciones y esperar que la situación económica se normalice.
La preocupación de los ediles de estos tres municipios será planteada ante el Ejecutivo en las próximas horas, después que se haga una evaluación a nivel de la Asociación de Municipalidades de Nicaragua, Amunic, en reunión a efectuarse el martes o miércoles de esta semana.
“Nosotros estamos conscientes de que el gobierno tiene que dar la última palabra, este problema tiene que ser resuelto a la mayor brevedad posible”, expresó Sadrach Zeledón, edil de La Perla del Septentrión.
Aunque no dio nombres, el alcalde matagalpino dijo que uno de estos productores de café había recibido la tarde del miércoles 8, una notificación por parte de uno de los bancos, de que tenía que desocupar su propiedad antes que fuera desalojado mediante el uso de la fuerza pública (Policía), habiéndole dado un plazo de 24 horas para entregar sus tierras. “Ante esta situación, nosotros como Alcaldía no podemos ejercer más presiones contra los productores, aunque esto signifique otros problemas económicos para la Alcaldía misma”, puntualizó Zeledón Rocha.
