Néstor Avendaño*
El G-7, que para fines políticos se transforma en G-8, no dijo nada nuevo sobre la Iniciativa HIPC en Génova a finales de la tercera semana de julio de este año. Lo único interesante es que los siete ministros de finanzas de los países más ricos del mundo manifestaron que si hay circunstancias externas excepcionales, el G-7 podría considerar un alivio de la deuda más amplio para los 41 países pobres endeudados del mundo en el Punto de Culminación Flotante, que depende del avance del plan de reducción de la pobreza, mientras se mantiene la estabilidad macroeconómica.
Pero han insistido en tres cosas: una mayor transparencia de los procedimientos presupuestarios; garantizar las consultas con amplios segmentos de la sociedad civil, para que los gobiernos y la población de estos países sean los dueños de sus programas económicos y sociales; y mantener el cumplimiento de los acuerdos macroeconómicos y de reforma estructural establecidos con el Fondo Monetario Internacional.
En otras palabras, el G-7 ha cumplido lo que prometió en su Cumbre de Colonia, Alemania, hace dos años: Un financiamiento adicional de aproximadamente US$50,000 millones de alivio «HIPC», US$20,000 millones de alivio sobre los préstamos «ODA» (o ayuda oficial al desarrollo), y US$30,000 millones a través de los mecanismos tradicionales del Club de París, con el fin de reducir la deuda total de los 41 países calificados «HIPC» de US$207,000 millones a US$37,000 millones.
De todos esos montos anunciados en Colonia, Alemania, sólo el alivio «HIPC» de US$50,000 millones era nuevo, debido a que ninguna deuda «ODA» estaba y está siendo servida y la porción del Club de París ya estaba acordada desde cuando la Iniciativa «HIPC» salió a luz pública en la Reunión Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en octubre de 1996.
Pero el tránsito de Nicaragua entre los Puntos de Decisión y de Culminación Flotante de la Iniciativa «HIPC» es algo complicado, debido al número de condicionalidades que el gobierno debe cumplir. Esas condicionalidades, además de las que insiste el G-7 en cuanto a transparencia y participación de la sociedad civil son:
* Presentar la versión final de la estrategia de reducción de la pobreza e implementarla por lo menos 1 año con la supervisión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
* Mantener la estabilidad macroeconómica y cumplir las condicionalidades del Programa del Crecimiento y la Reducción de la Pobreza del Fondo Monetario Internacional.
* Elevar el gasto social en educación y salud, y proteger a los grupos más vulnerables de la población.
* Aprobar la ley de autonomía escolar promoviendo una mayor participación de los padres de familia, y la ley general de salud concediendo más autonomía a los hospitales y los sistemas locales de salud; además, adoptar un programa de protección social efectiva con base en el programa piloto iniciado en el 2000.
* Fortalecer la gobernabilidad mediante la emisión de las leyes de servicio civil y del procedimiento penal y fiscalía pública, elevar la eficiencia de la Contraloría General de la República, y mejorar la transparencia del uso de los recursos públicos.
* Implementar la administración privada de los fondos de pensiones de seguridad social en noviembre 2001, crear la autoridad supervisora y reestructurar el Inss.
* Privatizar la empresa telefónica Entel y las plantas de generación eléctrica de Enel.
Sin embargo, Nicaragua no resuelve el problema estructural del saldo y el servicio de la deuda externa sólo con la reducción del 90% o más, si es necesario, de la deuda sujeta a negociación con el Club de París y con el financiamiento de los países ricos para reducir la deuda con las instituciones financieras internacionales, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Mundial, y por qué no con el Fondo Monetario Internacional debido al mayor endeudamiento con este organismo para incrementar las reservas internacionales.
La próxima administración pública tendrá que gestionar donaciones externas por US$16 millones para recomprar el remanente de US$197 millones de la deuda con la banca comercial internacional, manteniendo la condonación de 92% lograda en el inicio de esta negociación en diciembre de 1995.
Debido a la falta de capacidad de pago el país, la próxima administración pública tendrá que gestionar donaciones y préstamos muy concesionales por US$220 millones para iniciar la negociación y el pago de la deuda que se reestructure, al menos con los mismos términos financieros concedidos por el Club de París, con otros 15 países. Entre éstos, se distinguen Cota Rica con US$544 millones, Bulgaria con US$256 millones, Libia con US$248 millones, Brasil con US$135 millones, Honduras con US$134 millones, Irán con US$118 millones y Argelia con US$86 millones.
Para ejemplificar lo anterior, cabe señalar que por la condonación del 74% del saldo nominal adeudado a Guatemala, que ascendía a US$541 millones, a 23 años plazo, 6 años de gracia y una tasa de interés LIBOR a 6 meses más 0.35 puntos porcentuales, Nicaragua tendrá que desembolsar aproximadamente US$7 millones anuales. Este monto viene a tensionar más la precaria situación de las reservas internacionales oficiales del país.
El reciente anuncio gubernamental sobre la condonación que facilitará el Banco Centroamericano de Integración Económica, con financiamiento principalmente de los Estados Unidos de América y la Unión Europea, será efectiva hasta que Nicaragua alcance el Punto de Culminación de la Iniciativa «HIPC». Y ese tránsito, de acuerdo con la Iniciativa, puede durar tres o dos años, o un año, dependiendo de la rapidez con que el gobierno cumpla las tareas descritas anteriormente, además de llevar a cabo las negociaciones con 15 países que no son miembros del Club de París y la banca comercial internacional. En conclusión, se presenta otra ardua tarea para el próximo gobernante que elijamos el 4 de noviembre próximo.
* Economista.
