Janelys Carrillo Barrios [email protected]
1) Alvaro Ramírez, presidente de la Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua (AJDN)
“En Nicaragua los pobres no tienen acceso a la justicia. No es que la institución (Defensoría Pública) sea mala, sino que no hay recursos para fortalecerla. El responsable es el gobierno, porque evidencia falta de voluntad política para adecuar el presupuesto de la institución… hay para otras cosas menos relevantes, y este tema que es tan sensible permanece relegado“.
2) Noel Pereira Majano, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional
“El acceso a la justicia para los pobres es una aspiración. Hay problemas presupuestarios. Hay que aumentar la producción y generar mayores ingresos con miras a un desarrollo integral, incluido el de la verdadera justicia”.
3) Marvin Aguilar, presidente de la Sala Penal de la CSJ y responsable de atender a la Defensoría Pública
No veo voluntad política del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional para que la Defensoría Pública crezca este año (mediante incremento de presupuesto). La institución ha aliviado la demanda de asesoría legal entre los pobres, pero no se ha cumplido en un ciento por ciento. Sólo Managua necesita unos 20 defensores públicos adicionales a los 13 que actualmente funcionan. Sin embargo, lo que estos últimos han hecho es muy bueno, porque a pesar de las limitaciones tienen algo: Amor al trabajo.