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Ahora el problema no es aprobar una ley para que funcione un Ministerio Público o una Fiscalía General, sino quiénes se quedarán con los “huesos” de esa institución que nace amarrada.
Ahora don Julio Centeno Gómez parece no tener la bendición de la cúpula liberal que apoya a William Mejía Ferreti para Fiscal General de la República. La Fiscal Adjunto se estima que sería la sandinista María Lourdes Bolaños.
El punto es que quienes sean Fiscal General y Fiscal Adjunto, no llegarán a hacer el trabajo que se espera en beneficio de los intereses del Estado y de los ciudadanos. Hay muchos actos de corrupción de la cúpula del gobierno que jamás se ventilarán en los tribunales ni se verán a los culpables sentados en el banquillo de los acusados. También hay hechos de los sandinistas que son susceptibles de investigarse y juzgarse, pero sin una Fiscalía independiente, lo único que se verá es una institución al servicio del pacto libero-sandinista.
El Fiscal General y el Adjunto seguro que acusarán a quienes sus patrones políticos (FSLN y PLC) les orienten, convirtiéndose así en otros mandaderos que toman la ley por el mango para no perjudicar a sus amos.
Esta situación terminaría de confirmar el poder que ejercen el FSLN y el PLC a través de la justicia en este país. Con el Poder Judicial y la Fiscalía en las manos de estos dos partidos políticos, jamás se verán procesos justos y transparentes, las garantías del debido proceso serán a sus conveniencias y los argumentos legales para que la Fiscalía incurra en omisión, serán múltiples.
Es triste ver cómo una institución de mucha fuerza para velar por los intereses del ciudadano y del Estado, se convierte en un abogado oficial de los intereses partidarios. Esto sólo redunda en descrédito para la administración de justicia de Nicaragua, porque la justicia no sólo es sinónimo de jueces y magistrados, sino que hay toda una estructura conformada por el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional, Sistema Penitenciario, etc., y la misma Fiscalía, y si una de éstas falla, las cosas van mal.
Entonces no importa quién sea Fiscal General y Adjunto. Bajo este sistema político corrupto de Nicaragua da igual poner a cualquiera porque al fin será el abogado protector de los delincuentes y el acusador de sus adversarios políticos o personales.
Quisiera ver a los nuevos fiscales, sean quienes sean ejerciendo con mano dura el monopolio de la acción penal que les da la ley para acusar a los delincuentes vestidos de corbata. La lista de casos a mano es grande. Quisiera ver con cuál escándalo de corrupción en el gobierno empezarán los nuevos fiscales o si removerán la acusación contra el ex presidente Daniel Ortega.
Lo ideal sería que elijan a un Fiscal General y Adjunto independientes, que no tengan que pagarles favores a los políticos y que se dediquen a investigar los hechos delictivos.
* El autor es periodista.
