Humberto Belli P.
Algunos historiadores han llamado al siglo XX el siglo de las utopías coercitivas. La utopía es un plan o sueño de organización social, normalmente hermoso. Las han habido desde la antigüedad. Platón soñaba con una república ideal y lo mismo Sir Thomas More. Lo característico del siglo XX es que se intentó imponer estos sueños en gran escala y por la fuerza.
A los líderes de estos intentos los historiadores también les han llamado “profetas armados” e “ingenieros sociales”. Allí están los Stalin, queriendo destruir por decreto y con los comisarios, el espíritu pequeño burgués de los kulaks, o campesinos; los Hitler, queriendo limpiar de impurezas étnicas el mundo ario, los Pol Pots, evacuando las ciudades en dos días a fin de ruralizar Cambodia.
Los utópicos hoy están derrotados. Pero la mentalidad que los animó aún subsiste. De vez en cuando algunos ingenieros sociales creen aún posible imponer utopías con leyes o decretos. Un caso de esta persistencia podría detectarse en la iniciativa de ley denominada “Ley de Igualdad de Oportunidades”, la cual fue dictaminada favorablemente en abril y que está para debate en el plenario de la Asamblea Nacional.
La iniciativa parte de dos consideraciones buenas. Una es que las grandes desigualdades sociales y económicas entre hombres y mujeres deben ser remediadas. Otra es que ambos tienen la misma dignidad y por tanto ambos han de gozar de los mismos derechos. El problema se presenta cuando la ley, en lugar de legislar a favor de la igualdad de oportunidades, busca imponer la igualdad en los resultados.
La iniciativa de “Ley de Igualdad de Oportunidades” pretende, entre otras cosas, que el 50% de los cargos en las empresas tanto públicas como privadas, sean de mujeres. (Arto. 17, b). Asimismo manda que en los poderes del Estado las mujeres ocupen al menos el cuarenta por ciento de las direcciones generales hasta las estructuras máximas de representación, lo cual “se irá ampliando hasta alcanzar paridad entre hombres y mujeres”. (Arto. 31). Igual paridad deberá alcanzarse en los cargos de elección popular, tales como alcaldías, diputaciones, etc. (Arto.32).
Efectivamente, independientemente de que la mujer quiera ser cirujana, líder política o soldado, la mujer que quiera serlo debería tener las mismas oportunidades de los hombres. La igualdad de oportunidades es un corolario obligado de la igualdad de derechos. Promoverla y asegurarla es un deber de todos los estados. Pero es otra cosa decir que los estados deban asegurar que la mitad de los cirujanos, líderes políticos y soldados, sean mujeres.
No hay duda que es absolutamente justo que todos los alumnos en una clase tengan la misma oportunidad de sacar buenas notas. Pero no sería justo decretar que la mitad de los sobresalientes deban ser para un sexo determinado. Forzar una cuota de sobresalientes más bien destruye la igualdad de oportunidades y la misma justicia, la cual, como se representa universalmente, está vendada, es decir, no reconoce diferencias de color, ni sexo, ni edad, ni creencia. Si hombre y mujer tienen el mismo derecho y capacidad para desempeñar un cargo político —lo cual nadie debe poner en duda— ¿No deberían entrar en la cancha pública por sus propios méritos, y no de la mano de su abogado defensor o de la ley de cuotas electorales?
Las leyes deben también respetar las preferencias ciudadanas. La participación política, o empresarial, es un derecho, no un deber. Por tanto debe ser defendida, pero no impuesta, y mucho menos medida. Ignorarlo sería como pretender que el mismo porcentaje de personas de uno y otro sexo deban graduarse en la carrera de ciencias políticas. No hay necesariamente el mismo número de hombres que de mujeres activas en los partidos, ni el mismo número de mujeres que de varones deseosos de meterse en política. Hay profesiones que atraen más a un sexo que a otro. Hay también mujeres para quienes no es menos digno el rol de madre que el de curuleras.
Obviar estas verdades sería abrir la caja de Pandora de más ingenierías sociales: “Que el X por ciento de los diputados sean menores de tal edad, que el X por ciento de los graduados de medicina sean de Managua y el tal de los departamentos”. Es el camino de las utopías populistas, de las imposiciones a priori, dictadas más por intereses de propaganda política, que por el bien de los que se dice proteger.
Una ley justa debe asegurar que las condiciones y oportunidades son las mismas para todos los ciudadanos, sin distinciones de ninguna especie. Pero el resultado no puede regularse por un frío cálculo matemático, ya que depende de la libertad de los protagonistas, hombre y mujeres. El problema, claro está, es que libertad es un concepto extraño para los líderes utópicos.
* El autor es Presidente de Ave María College.
