Magdalena de Rodríguez*
El pueblo nicaragüense ha sido electorero por ancestro. Ejercer el derecho al sufragio era el único acto democrático que le fue permitido, aunque restringido, ciertamente durante los 70 años del siglo pasado en los que nos debatíamos entre tres tiranías, dos de derecha y una de izquierda.
Mientras el conservatismo estuvo en el poder, alternándose figuras conservadoras 16 años de 1911 a 1927, luego de la caída de la dictadura de Zelaya (1909) y los fugaces gobiernos de Madriz (1909-10) y de Estrada (1910-11) la contabularia conservadora de manera semi-encubierta inducía a la población al voto por el candidato verde. En 1928 firmado el “Pacto del Espino Negro”, que decidió el fin de los gobiernos conservadores para entronizar al liberalismo en el poder con elecciones súper-vigiladas por los norteamericanos, los marines, con todo descaro les decían a los votantes en las urnas: “Votá por la Moncada”.
El general Moncada asume el mando en 1929 hasta 1932. De nuevo, comicios vigilados para la elección de Sacasa (1933-36). Con el derrocamiento de Sacasa por el Jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza García, en 1936 se inicia la dictadura dinástica del somocismo hasta 1979. Cuarentitrés años de horrible tiranía durante la cual hubo 9 elecciones amañadas y fraudulentas: pero la población votaba. Aunque sabía que su voto sería irrespetado. El voto no era secreto y sí manipulado y burlado.
Ahora, después de 10 años de incipiente e imperfecta democracia en la que el único sabor auténtico de ella es la irrestricta libertad de palabra hablada y escrita, verdadera criatura del gobierno de doña Violeta de Chamorro y luego de dos procesos electorales de autoridades supremas, dos elecciones regionales en la Costa Atlántica y la reciente primera elección edilicia nacional directa, la población se ha portado remisa para votar. Las campañas de los candidatos a munícipes fueron tenaces, pero hubo cierta abstención.
Este es un fenómeno complejo que debe ser analizado a profundidad por la clase política, por ser la interesada en resolver el problema en su provecho, ante la inminencia de la contienda electoral de este año, en la que se jugarán las más altas cuestiones de la nación.
Son evidentes los defectos del padrón electoral. Debe éste ser actualizado, sacando de él a los fallecidos. Se supone que el actual padrón se ha alimentado, en parte, con los datos de inscripciones históricas y la revisión de los registros de las personas, no exclusivamente con los ciudadanos cedulados. La revisión de los registros llevará tiempo, trabajo técnico y fuertes inversiones económicas. Esta labor le corresponde al CSE y tanto o más a los Consejos Departamentales y Municipales. Pero son los partidos políticos quienes deben luchar porque esa actualización se lleve a cabo y de manera honrada y eficiente. Con un padrón malo nadie gana, todos los partidos pierden.
Al evaluar la supuesta abstención en las elecciones edilicias recientes no se tomó en cuenta la enorme emigración de nicaragüenses al extranjero, ni la migración dentro del país, la cual obstaculiza la emisión del voto.
Sin embargo el problema de la abstención no es debido solamente a las fallas de organización. Existe una condición de indolencia por parte de los nicaragüenses para ejercer su derecho al voto y es un deber no sólo partidario sino ciudadano y patriótico averiguarlo y remediarlo. Festinadamente se habla del voto castigo. No existió tal voto castigo en las elecciones municipales. Si se hubiese producido este fenómeno, tendríamos alcaldes conservadores en todo el país, porque el pacto libero-frentista debió ser castigado y no lo fue: ganó el Frente las alcaldías más importantes y el PLC se alzó con la mayoría de los pequeños municipios.
El repunte del Partido Conservador no es despreciable para los observadores y analistas, sin son objetivos. Hace unos años un enconado liberal decía que las elecciones eran para los conservadores lo que la lluvia para los sapos: salían de debajo de las piedras.
En tanto que el partido de gobierno no agilice sus demandas de orden y rectitud en la dirección del proceso electoral ante el CSE, donde cuenta al menos, con la presidencia y la vocería, aún después de compartir el poder con el Frente mediante el “pacto”, no tendrá el derecho de acusar a nadie, de lamentar los descalabros que seguramente se producirán en las elecciones de noviembre próximo de no corregirse a tiempo las fallas y descuidos en la fiscalización, en las elecciones edilicias de noviembre del 2000.
* Ex parlamentaria. Pertenece al Movimiento de Acción Republicana.
